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Ya lo habían hecho de manera individual y ayer acordaron unir sus voces en un tema en el que Junta de Castilla y León, patronal y sindicatos coinciden: la defensa del carbón y la reclamación al Gobierno central que corrija su decisión de rebajar en más de un 60 por ciento las ayudas al sector ese año. La reunión del Diálogo Social celebrada ayer sirvió acordar que estamparán sus firmas de manera conjunta un texto que se redactará en las «próximas horas» —posiblemente el fin de semana ya esté listo— y después se enviará al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que «sea sensible» con este «gran problema de Comunidad, no sólo de la cuencas mineras» de León y Palencia.
Es una forma de «arropar», apuntó el secretario regional de CC.OO., Ángel Hernández, la posición de la Junta de Castilla y León, muy beligerante en este asunto con sus compañeros de filas en el Gobierno central, a quienes ha expresado por carta y verbalmente su disconformidad con el brusco cierre del grifo a las ayudas estatales al mineral negro. De hecho, el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, incidió ayer en destacar el apoyo «inequívoco» del Ejecutivo autonómico al carbón a la vez que señaló que considera «un error» y un «incumplimiento» la decisión del Gobierno. «Tiene la obligación de cumplir los compromisos», subrayó, a la vez que pidió al Ministerio de Industria que «corrija» su decisión «de forma inmediata».
El Gobierno «debe cumplir» en los términos pactados el Plan del Carbón, recalcó Villanueva, quien advirtió de que España «necesita definir una política energética de una vez por todas», en la que se debe «determinar con claridad, por razones de reservas estratégica», el peso del mineral autóctono para el futuro. Un porvenir en el que, según recordó, «aceptamos» que las ayudas, de acuerdo a la marcado por la UE, acaben en 2018, pero «no aceptamos» que aquellas empresas rentables en ese horizonte, deban devolverlas, por lo que, junto a las otras comunidades mineras (Aragón y Asturias) han recurrido esta decisión.
Futuro
«Todos defendemos el carbón autóctono», añadió el líder de UGT, Agustín Prieto, quien subrayó la voluntad unánime de «seguir luchando para que el Gobierno de España cambia de actitud». «Esos 150 millones de euros no van a hundir la economía sí servirán para dar la posibilidad de seguir trabajando y de futuro para las cuentas mineras», añadió Prieto.
También el presidente de Cecale, Jesús Terciado, compartió el apoyo al sector en un «problema de Comunidad» que, de llegar a darse el fin de la actividad minera, tendría un «resultado dramático» y con «un futuro poco esperanzador», especialmente en las comarcas mineras.
La unidad no evitará para firman un documento de consenso y «hacer todo lo que podamos hacer de forma conjunta», no evitará, sin embargo, que continúen las «movilizaciones», según advirtió Hernández.
