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Las competencias de las diputaciones podrían incrementarse entre un 6 y un 15 por ciento en la nueva ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León. Así se recoge en el informe elaborado por el grupo de trabajo de modernización de las diputaciones que se reunió ayer en Burgos.
La viceconsejera de Administración y Gobierno del Territorio, María José Salgueiro, explicó que las diputaciones tenían las mismas competencias con todos los ayuntamientos y a partir de ahora se establecerían diferencias según el tamaño. En este sentido, detalló que sus competencias se incrementarán un 6 por ciento respecto a los municipios de más de 5.000 habitantes; un 13 por ciento para los de entre 1.000 y 5.000; y un 15 por ciento para los de menos de 1.000 habitantes.
Salgueiro enmarcó este incremento en la nueva ordenación territorial en la que se garantiza la pervivencia de todos los municipios y se apuesta por su «asociación voluntaria para la prestación de servicios». En este sentido, insistió en que este aspecto está en «total sintonía» con las modificación de la ordenación del territorio que se está desarrollando en el ámbito nacional y, en su opinión, «lo de menos es la denominación».
De esta manera salía al paso de las críticas de la vicesecretaria regional del PSOE, Ana Redondo, quien apostó por las mancomunidades frente a los «distritos» que plantea la Junta y que, en su opinión, no van en consonancia con la reforma nacional que «condicionará» el nuevo desarrollo territorial de Castilla y León al que, en su opinión, «todavía le queda mucho trabajo por delante».
Principal escollo
En este sentido, Redondo consideró que la financiación es el «principal escollo» porque «no se puede hablar de servicios públicos y competencias sin garantizar financiación». La también procuradora socialista en las Cortes afirmó que «la Junta se niega a hablar de dinero» en un momento en el que muchos ayuntamientos pequeños y medianos no tienen capacidad económica para atender servicios esenciales. Además señaló que se han encontrado este año con que «recursos que antes iban a los ayuntamientos, como el fondo de cooperación local, está reducido a la mínima expresión».
La viceconsejera de Administración y Gobernación del Territorio explicó que el objetivo del grupo de trabajo reunido ayer en Burgos y del que forman parte representantes políticos, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, la patronal y los empresarios, es «determinar dónde están mejor las competencias, qué administración puede desempeñarlas mejor» y evitar «posibles duplicidades».
A partir de ahí, Salgueiro señaló que la financiación relativa a esas nuevas competencias deberá enmarcarse en la nueva Ley de Administración Local que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha comprometido a desarrollar pero que, según recordó, «se lleva esperando desde hace más de ocho años».
