Cuando el inmigrante es convertido en «criminal de guerra»
Polémica en Marruecos por las acusaciones vertidas sobre subsaharianos coincidiendo con las últimas redadas policiales
«Inmigrantes africanos implicados en crímenes de guerra». Con este titular en portada trataba el 9 de junio de explicar el diario independiente marroquí «Assabah» la última ola de detenciones de subsaharianos que están llevando a cabo en el reino alauí las Fuerzas de Seguridad. Lo publicado no ha sido desmentido por las autoridades.
Se trata de un «escándalo» que las autoridades pretendan justificar de esta forma las redadas, en opinión de la ONG ABCDS, que trabaja en la frontera entre Marruecos y Argelia desde hace años por los derechos de los inmigrantes.
El diario, editado en árabe y que cita investigaciones llevadas a cabo por las autoridades del Ministerio del Interior, se refiere a la presencia entre los sin papeles africanos que habitan en Marruecos de personas bajo búsqueda internacional por «crímenes y carnicerías» cometidos en países de la zona del Sahel y el Sahara y lo relaciona más concretamente a la inestabilidad regional generada por los conflictos en Libia y Malí.
Es más, añade «Assabah», algunos de ellos estarían implicados en «crímenes de guerra» o serían miembros de «organizaciones terroristas militares peligrosas implantadas en diferentes ciudades marroquíes» .
El asunto salía a la luz pública la víspera de una reunión en Rabat de los 28 países miembros del CEN-SAD (Comunidad de Estados del Sahel y el Sahara) para abordar asuntos de seguridad. Para la ONG antirracista marroquí Gadem no es casual la coincidencia de las redadas y esta reunión.
Inmigrantes armados
El diputado socialista Abdelhadi Khayrate también levantó en mayo las iras de una veintena de asociaciones humanitarias de las dos orillas del Mediterráneo después de haber acusado en el Parlamento a los inmigrantes subsaharianos de estar equipados y entrenados con armamento procedente de Libia , lo que supone «una amenaza para la seguridad nacional y los ciudadanos», según un comunicado que todas estas organizaciones han firmado bajo el paraguas del Manifiesto Euro-Africano.
Nunca hasta ahora Marruecos había empleado este tipo de argumentos para justificar las redadas contra extranjeros que organiza de manera periódica especialmente en grandes urbes como Rabat y Casablanca o en el norte del país, zona que comprende el entorno de las fronteras con Ceuta y Melilla así como el paso fronterizo que lleva a Argelia desde la provincia de Uxda.
ABCDS, con sede en Uxda, teme que la recopilación de las huellas y las fotos de los detenidos emprendida por parte de las autoridades marroquíes sea el paso previo a la firma de un acuerdo de readmisión entre Rabat y Bruselas , lo que llevaría al reino alauí a admitir de vuelta a los emigrantes que lleguen sin papeles a Europa desde su territorio independientemente de su nacionalidad.
Todo ocurre en el momento en el que Amnistía Internacional ha lanzado este miércoles una campaña para denunciar que Europa parece más preocupada por el cierre de sus fronteras que por el riesgo que pueda correr la vida de los emigrantes . Esa preocupación por impermeabilizar el territorio ha llevado a los 27 a adoptar medidas más allá de sus propias fronteras. Es lo que AI denomina la «externalización» y que se traduce en que los países de la ribera sur del Mediterráneo acaben a menudo convertidos en gendarmes de Europa.
Acuerdos bilaterales
La forma en que esto suele reflejarse son los acuerdos bilaterales como los que las autoridades españolas mantienen firmados con Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Malí o Mauritania. No es el caso de Marruecos a pesar de los distintos intentos de alcanzarlo.
En todo caso, para contentar al Viejo Continente y al principal país afectado por el flujo migratorio en esta parte del Mediterráneo, que es España, Marruecos ha emprendido una «guerra» contra aquellos que pretenden emigrar , llegó a afirmar ABCDS en un comunicado el verano de 2011.
AI señala que esta externalización no deja de ser «polémica» porque esos acuerdos pueden poner «en peligro los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo» . Como muestra, el acuerdo entre Italia y Libia, que debe ser «anulado» porque sus «medidas que conducen a graves violaciones de derechos humanos», señala AI. Y, añade, «los estados deben rendir cuentas por los abusos».
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