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El empresario y líder del partido Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, conocido popularmente como 'Sandokán', considera que "no tiene mayor importancia" la decisión de la Sala si dicta una posible condena sobre él por su supuesta implicación en el caso 'Malaya', en el que se enfrenta a 18 meses de cárcel, aunque asegura que no ha hecho "nada" y agrega que seguirá "para siempre" de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba.
En declaraciones a los periodistas, Gómez manifiesta que no le preocupa la decisión que tome la Sala "para ver qué penas pone a cada uno" porque tiene "la conciencia tranquila", según apunta el empresario, quien igualmente ve "normal" que la Fiscalía Anticorrupción mantenga "su tesis del principio", por lo que no le ha sorprendido "nada" que no haya cambios en su petición de penas del fiscal.
En este sentido, proclama que va a seguir "para siempre" como concejal del Ayuntamiento de Córdoba, "aunque se mantengan los 18 meses de prisión, que se recurren y podemos tirarnos 10 o 15 años, y cuando ya tenga 100 años ya no seré concejal". Por tanto, la pena "no impide para nada" que siga en Unión Cordobesa. "No lo voy a dejar porque tenemos que hacer el proyecto cada día más fuerte porque así lo queremos todos los cordobeses", ha añadido.
"Lo que ponga el fiscal me da igual porque yo llevo seis años en prisión", considera Gómez, es por ello que siente que ya ha sido ajusticiado, a lo que añade que "una persona que lo único que ha hecho es trabajar y ayudar a todos el mundo y de buenas a primeras le vienen estas circunstancias, pues realmente no puedo estar contento con lo que ha ocurrido, pero la vida es así y hay que estar felices".
En concreto, Rafael Gómez podrá mantener el acta de concejal en el Ayuntamiento incluso si es condenado por cohecho activo en el caso 'Malaya', después de que la calificación definitiva de la Fiscalía mantiene la pena inicialmente reclamada para el empresario cordobés sustentada en el supuesto pago de 600.500 euros a una sociedad mercantil de Juan Antonio Roca para facilitar el desarrollo y la legalización de unas obras sin licencia en las oficinas centrales de Arenal 2000 en el paseo marítimo de Marbella.
No obstante, tal y como publica 'El Día de Córdoba', la calificación aclara que, como pena accesoria, por el tiempo de la condena se le retiraría el derecho de sufragio, es decir, la posibilidad de votar en unas elecciones, una condición que llevan aparejadas todas las penas privativas de libertad. Sin embargo, en ningún momento se reclama la inhabilitación para empleo y cargo público, que es la pena que le obligaría, elevada a firme la sentencia, a dejar el puesto de edil.
