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La socialista Fanny Serrano ejerce de abogada externa del Consistorio desde 2010
Día 11/06/2012
abc
Fanny Serrano, de pie ante los agentes, el día que fue expulsada del pleno de Torrevieja
Fanny Serrano, la concejal del PSOE de Torrevieja expulsada en el último pleno de la Corporación tras ser llamada al orden en cinco ocasiones, mantiene una intensa actividad en el sector privado, donde se dedica a la abogacía como técnico urbanista. Al margen de su cargo como edil y como asesora del grupo socialista en la Diputación de Alicante —donde trabaja desde hace seis años—, Serrano asesora al Ayuntamiento de Orihuela a través de un contrato de prestación de servicio, tal como adelantó ABC la semana pasada.
Sin embargo, uno de los mejores clientes de la edil y abogada es el Ayuntamiento de Benidorm. Según el plan de pagos a proveedores aprobado por el Ministerio de Hacienda —y que debe compensarse con un plan de ajuste que el Consistorio debe aprobar antes del próximo viernes—, el Consistorio adeuda a la edil 40.710,52 euros por sus servicios como abogada. Una cantidad que se suma a los pagos que Serrano recibió en 2010 y 2011 del Ayuntamiento por el mismo motivo: 10.440 euros en 2010, y otros 17.847,5 el pasado año. En total, cuando Benidorm se ponga al día con Serrano a través del plan de pagos, la concejal torrevejense habrá percibido del Consistorio casi 69.000 euros en dos años.
Serrano, militante histórica del PSOE de Villajoyosa —llegó a ser la secretaria de Organización del partido en la comarca de la Marina Baja antes de la desaparición de las estructuras comarcales del PSPV, que ahora se van a recuperar—, se trasladó a Torrevieja poco antes las últimas elecciones municipales. Según la propia edil, su alta en la agrupación de los socialistas salineros se registró en 2010, y en mayo de 2011 integró la lista que lideraba el secretario general local, Ángel Sáez.
El despacho de un exedil
No obstante, Serrano mantuvo los vínculos contractuales establecidos con el Ayuntamiento de Benidorm tras el acceso del socialista Agustín Navarro a la Alcaldía. De hecho, la edil y abogada representa los intereses del actual equipo de gobierno en el contencioso administrativo que inició el grupo municipal popular tras la moción de censura, y que pedía anular las delegaciones y sueldos establecidos por Navarro, en base a la Ley de Régimen Local —al considerar «no adscritos» a los ediles socialistas, que se dieron de baja en el partido—.
Es más. Serrano es socia del despacho de abogados de Jaime Llinares, que ejerció como concejal de Urbanismo el pasado mandato tras la moción de censura, aunque no repitió en la candidatura socialista de 2011. Llinares se apartó de su actividad como abogado mientras formó parte del equipo de gobierno, mientras Serrano ejercía como abogada externa del Ayuntamiento. El de Benidorm es solo uno de los muchos ayuntamientos a los que la propia Serrano admite que asesora.
