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Distritos de interés comunitario. Es la denominación elegida por la Junta de Castilla y León como eje central de la ordenación del territorio en la Comunidad. Una fórmula que busca la asociación «voluntaria» de municipios con el objetivo de ser más eficientes, prestar mejores servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de los pueblos, sin la supresión de ninguno de ellos, además de sin crear nuevas estructuras. Y aunque en un principio, hace unas semanas, se encendieron las alarmas por la posibilidad de que esta fórmula chocase con el planteamiento nacional de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local emprendida por el Gobierno central, perece que, finalmente, no hay incompatibilidad.
La propuesta de modificación remitida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) da cabida a la agrupación de municipios y, por tanto, los distritos que promueve la Junta podrían tener encaje aquí. De hecho, lo mismo que en la ley de 1985, mantiene que las Comunidades «podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito». Y es aquí, por tanto, donde la Junta sigue encontrando el gancho para seguir adelante con el eje central de la ordenación del territorio, cuyos primeros pasos se dieron hace casi un año, aunque el grueso de los trabajos comenzó tras el verano.
Ámbito comarcal
Es más, la propuesta de reforma de la ley estatal da un paso más y apuesta por que «el ámbito comarcal será preferentemente considerado para la prestación común y obligatoria, a cargo de las diputaciones provinciales, de los servicios mínimos».
La Junta, que pretende plasmar su modelo a final de año en un Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio, tiene el municipio como «eje clave» y los distritos como nuevas unidades básicas de la ordenación del territorio. Siguiendo el modelo de las mancomunidades existentes, pretende extrapolar y aprovechar su experiencia, pero ordenando el actual mapa, con 239, a las que pertenecen casi el 90 por ciento de los municipios, aunque algunos están en varias.
El texto planteado por el Gobierno regional, y que está explicando a los alcaldes, distingue entre distritos rurales y los urbanos. Especial relevancia adquieren los primeros en una Comunidad extensa y dispersa, donde casi el 88 por ciento de los municipios (1.977 de 2.248) no sobrepasa el millar de habitantes y sólo 57 tienen más de 5.000. Por otro lado, los urbanos, que se delimitarán al término de los que tienen más de 20.000 empadronados (15 en Castilla y León). Además, plantea crear áreas estables entre las ciudades y sus alfoces y áreas estratégicas a través de la agrupación de distritos rurales para abordar un problema durante un determinado tiempo.
