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Dos tercios de la Cámara de la Asamblea de Madrid es lo que necesita Esperanza Aguirre para que su propuesta de reducir a la mitad el número de diputados (de 129 a 65) se lleve a cabo, según establece el Estatuto de Madrid. Esto implica que aunque todo el grupo popular (72 diputados) y el de UPyD –que cuenta con 8 diputados y que ya propuso en 2011 una reducción– votasen a favor, necesitaría 6 apoyos más para poder reformar el Estatuto de Autonomía y, así, aprobar la reforma. En total, precisa 86 parlamentarios que secunden la medida frente a los 129 que hay. Aguirre ya cuenta con los 72 del PP, por lo que faltarían 14 apoyos, de los cuales, 8 de UPyD están en el aire.
Es por esto que algunos populares, aunque están de acuerdo con la propuesta, no creen que finalmente llegue a buen puerto. Así lo expresó el parlamentario Enrique Ruiz: «Nadie de PSOE ni Izquierda Unida votará a favor. No se dan cuenta de que para ahorrar primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. En ese sentido, Esperanza es muy valiente».
Tomas Gómez considera que la medida «perjudicaría a los grupos minoritarios»
Las opiniones de los parlamentarios
El portavoz de IU, Gregorio Gordo, aseguró que se trata de una «cortina de humo» de la presidenta: «Es su forma de evitar hablar del fracaso de sus políticas». Gordo aseguró que no tiene una segunda actividad, ya que se dedica «a este trabajo al 100%». Por ello, si el «ERE» de Aguirre se aprobase, algunos diputados se verían en la misma situación.
Al igual que IU, el portavoz socialista, Tomás Gómez, también compartía la definición de «cortina de humo». Gómez, además, aludió a la «proporcionalidad del sistema»: «La reducción perjudicará a los grupos minoritarios y eso pone en riesgo la salud democrática del parlamento». UPyD parece conforme. Su portavoz, Luis de Velasco, expresó que en su grupo estaban «contentos», aunque criticó que ahora «no es lo prioritario». Sin embargo, en octubre de 2011 fue el que propuso un recorte del número de escaños, de 129 a 70.
La gran sorpresa fue la aparición de Miguel Reneses (IU) tras cinco meses de ausencia a raíz de su imputación en un presunto delito de acoso sexual. Su partido exigía que se le retirase el sueldo de 3.000 euros que seguía cobrando. En el pleno también se oficializó la supresión de la figura del Defensor del Menor con PSOE e IU en contra y UPyD a favor.
