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La nueva norma amplía el concepto de víctimas a los hijos y familiares a cargo de las maltratadas
Día 08/06/2012
La ley integral contra la violencia sobre la mujer, cuyo anteproyecto aprobará hoy el pleno del Consell, amplía la consideración de víctimas a los casos en los que los agresores ejerzan un «aislamiento económico» sobre sus parejas. Esta es una de las principales novedades que contempla la nueva normativa, toda vez que hasta ahora tenían condición de víctima las mujeres que habían sufrido agresiones físicas, psciológicas y sexuales.
Al incorporar el ámbito económico a la legislación autonómica, la Conselleria de Justicia y Bienestar Social pretende extender la protección que otorga la Generalitat a las mujeres que por problemas derivados de la crisis no puedan «llevar una vida digna» y soporten los malos tratos por una cuestión de supervivencia.
La normativa también pretende ahondar en la regulación de la violencia cultural, para atajar casos como los de la mutilación genital, ya perseguidos por el Código Penal.
En la misma línea, el texto que aprobará hoy el Ejecutivo autonómico prevé la puesta en marcha de un fondo de emergencia que contará con dotación presupuestaria para que las mujeres víctimas de la violencia puedan afrontar los primeros gastos derivados de una separación tras la presentación de una denuncia. Las fuentes consultadas señalan que la carencia de posibilidades económicas de algunas mujeres víctimas de maltrato les impiden afrontar gastos básicos para su seguridad, como el cambio de una cerradura, incluso la compra de nueva indumentaria, el pago de una fianza de alquiler o los billetes para regresar a su país de origen en los casos más extremos.
Tratamiento legal
La tercera novedad que incluye la norma se encuentra en la ampliación de la consideración de víctimas de la violencia en el ámbito doméstico a los hijos de las mujeres que hayan sufrido malos tratos, así como de los familiares que estuvieran a cargo de ésta en el momento de sufrir la agresión. Estas personas gozarán de un tratamiento legal similar al de las propias mujeres maltradas por parte de la Generalitat, que amplía de esa forma los beneficios de la normativa vigente a sus familiares.
El texto, que también regula el acoso sexual y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, reconoce a la Generalitat capacidad para solicitar al juez que retire al agresor la patria potestad de los hijos, en caso de fallecimiento de la víctima.
La lacra de la violencia que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas se cobró esta semana su última víctima en Alicante. En el presente ejercicio, han muerto diecinueve mujeres por este motivo en España. En la Comunidad Valenciana se han registrado tres casos. El pasado año, el número de víctimas fallecidas se elevó a 61 en el conjunto del país. De ellas, ocho perdieron la vida en la región.
