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El secretario de Empleo y Formación de CC.OO, Castilla y León, Saturnino Fernández, denunció ayer el «brutal» recorte de 304 trabajadores del Servicio de Empleo Público de Castilla y León, de aquí a finales de año, cuyas nóminas están «vinculadas a fondos estatales» que ya no se contemplan en las nuevas partidas presupuestarias. La medida, que supone «una pérdida tremenda de servicios de atención directa muy importantes», según el sindicalista, afectará a 116 promotores de empleo, que iniciaron contrato el 1 de enero y lo terminarán el 30 de junio; a 116 orientadores laborales, contratados desde hace cuatro años, y a 72 encargados de la «modernización» del servicio, en nómina de 2003; todos con contrato «por obra y servicio». La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, negó esta cifra y recordó que forman parte de programas específicos del Gobierno de España.






