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La versión oficial atribuye la decisión a la consellera de Educación
Día 02/06/2012
El director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Conselleria de Educación, Mariano Vivancos, fue ayer destituido después de calificar el pasado martes en Ontinyent como «talibanes» a algunos profesores por «hacer política en las aulas».
El resultado, según la versión oficial, es que la consellera de Educación, María José Català, propuso al Consell su destitución y fue aprobada. El vicepresidente, José Císcar, argumentó que no pueden permitir declaraciones «que no se ajustan a la realidad y que son desafortunadas en un contexto de exigencia a los docentes».
La presión sindical que exigía la cabeza de Vivancos fructificó en una medida expeditiva en contraste con el apelativo de «gilipollas» que el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, dedicó a tres profesores tiempo atrás.
Pero la realidad esconde otras situaciones. La primera, que la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva desaparecerá probablemente en virtud de la reestructuración del sector público.
Tauroni de adjudicatario
Tampoco los vínculos políticos de Vivancos cotizan hoy al alza. Rafael Blasco le metió a hacer «política de laboratorio» —desde el departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia—. Y de la mano de Juan Cotino entró en política activa para asesorar a Francisco Camps.
Hay una tercera motivación: el 15 de junio de 2009, cuando era subsecretario de Bienestar Social, se adjudicó al administrador único de la firma GCS, César Augusto Tauroni —imputado en la causa del presunto fraude en la cooperación autonómica— la gestión de los servicios del teléfono del mayor, atención telefónica a personas dependientes y del teléfono de los usuarios de los programas «Menjar a casa» y «Major a casa». Por estos servicios, entre otros, GCS cobró hasta marzo de 2011 un total de 760.480 euros.
