Los empresarios denuncian la gestión de los derechos de imagen del G-10

La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos ( Anoet ) ha interpuesto una denuncia en la Comisión Nacional de la Competencia contra All Sports Media ( ASM )—sociedad que capitanea los derechos de imagen del llamado G-10 de figuras del toreo—, «en la persona de su legal representante, Javier María Folque».

ABC ha tenido acceso a la denuncia (con fecha del 23 de abril ), en la que los empresarios afirman que «el acuerdo al que ASM ha llegado con toreros de primera y segunda categoría sobre sus derechos de imagen vulnera la libre concurrencia de los operadores comerciales en libre mercado». Desde Anoet subrayan que se ha constituido un «pacto colusorio» . «Hay una posición dominante —señalan— que modifica la realidad económica del sector».

Anoet solicita a la citada Comisión que dicte una resolución «declarando que el contrato entre All Sports y los matadores constituye una conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia , declarándose responsables a ASM y a los matadores que lo han firmado, ordenando la cesación inmediata de la práctica prohibida y adoptando cualesquiera otras medidas y sanciones previstas». Piden a la Comisión que tome declaración a los toreros de ASM: El Juli, Manzanares, Perera, Cayetano, Talavante, Fandi, El Cid, Morante y Ponce (no aparece César Jiménez).

Las empresas aseguran que la cesión de los derechos audiovisuales de las figuras a All Sports entraña «un perjuicio no solo para la industria taurina, que se encuentra obligada a negociar en bloque , sino también a los usuarios al verse afectados por una eventual subida de los precios para poder solventar así el incremento de costes». ¿Qué ocurre si el empresario no acepta el acuerdo del G-10? «Un grave riesgo para la continuidad de la Fiesta». Basándose en la Feria de Sevilla, califican de «leonino» un contrato «en el que se paga en bloque aunque algunos toreros no vayan a torear».

graves perjuicios económicos » y, como medidas cautelares, solicita «la suspensión de la vigencia de contrato entre los matadores y ASM hasta la resolución total de la denuncia».