Defendiendo sus derechos

Alegra observar a los representantes del profesorado gallego manifestándose en defensa de la educación pública. Hasta ahora, la variada fauna de la pedagogía galaica ha insistido en considerar la formación del espíritu nacional como su más alto objetivo. Y han defendido sin desmayo que toda educación se realizara en gallego normativo, lengua aún indecisa y cambiante. Que ello lastrara el rendimiento académico de todos los alumnos, especialmente los gallego-hablantes incapaces de saber cuándo están usando el gallego correcto, nunca les ha preocupado demasiado.

Pero llega la crisis, y ésta amenaza algo más importante que la patria; el sueldo. Al momento han llegado las movilizaciones «en defensa de la enseñanza pública». Dos son sus disputas: los interinos en paro y la masificación de las aulas. Ambas cuestiones merecen análisis. Sobre los interinos, no quiero ni puedo alegrarme del paro de nadie. Pero la suerte que corren es la misma que la de otros muchos. A diferencia de estos, nuestros interinos han tenido múltiples oportunidades para remediarla. De hecho, en los últimos años, Galicia ha diseñado varias oposiciones sin más objetivo que el de aprobarlos. Muchos no lo han conseguido a pesar de las facilidades. Por ello, más injusto parece lo ocurrido con los jóvenes que han participado en esas pruebas sin apenas posibilidad de pasarlas, y que luego ha sido postergados en las listas en favor de los veteranos. Nadie protesta la injusticia contra estos jóvenes licenciados, abandonados malamente por sindicatos y consellería.

La masificación es sin duda un problema. El número de alumnos en las aulas ha aumentado. Sigue siendo muy inferior al de las generaciones anteriores, pero su manejo es más difícil. Algunas razones son culturales (los chavales de hoy, educados por teles y videojuegos, son más inquietos e indisciplinados); otras son organizativas. La palabra «disciplina» ha desaparecido del lenguaje educativo, que prefiere hablar de «convivencia». Los sindicatos han sido abanderados de esta idea; la palabra disciplina les suena a franquista.

A pesar de esto, no quiero reforzar el catastrofismo tan extendido en la opinión pública. La educación española no es ni de lejos el desastre que algunos afirman; los profesores son (somos) mucho mejores profesionales de lo que la fama pregona. Sin embargo, los sindicatos son un elemento reaccionario contra cualquier proceso de mejora: su igualitarismo ideológico rebaja el listón de todos al nivel de los alumnos torpes; la meritocracia entre profesores no existe, y la calidad de su trabajo no tiene valor profesional alguno; la reforma de asignaturas y programas es casi imposible porque obligaría a estudiar y reciclarse; los equipos directivos apenas tienen poder sobre el profesorado. Cualquier defensa honesta de la educación pública actuaría sobre estos problemas estructurales. En conclusión, es lícito que los sindicatos defiendan los derechos adquiridos de maestros y profesores. No lo es tanto que digan que, al hacerlo, están defendiendo la enseñanza pública.