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La salida del actual gobernador del Banco de España el próximo mes de julio, al cumplir el fin de su mandato Miguel Ángel Fernández Ordóñez, junto a la decisión del supervisor y el Ministerio de Economía, a través del FROB, de aplazar la subasta de las entidades nacionalizadas, entre ellas la gallega, suponen un balón de oxígeno para Novagalicia Banco. En primer lugar, porque hasta ahora, aunque no de forma oficial pero sí en su círculo más íntimo, el regulador habría reprobado el denominado «plan Castellano». Sacar a concurso público entre el 20% y el 49% de la entidad para abordar su recapitalización no contaba con su visto bueno. Este supuesto estaría apoyado por el correspondiente esquema de protección de activos (EPA), que limita los riesgos que corren los nuevos inversores en la entidad —el FROB o el FGD asumirían el 75% de las futuras pérdidas—; un aval público que hasta ahora solo han recibido los bancos subastados.
En segundo lugar, porque la subasta, aunque incluida como «opción B» en la estrategia financiera de NCG, abocaría a la entidad a ser malvendida —casos de CAM y Unnim—, tal y como llegó a reconocer su cúpula. Así las cosas, ambas noticias cambian el escenario del banco gallego que, no obstante, mantiene su hoja de ruta tras la entrada en vigor del nuevo decreto de saneamiento; 1.109 millones de euros de cobertura extra para sanear su balance de activos inmobiliarios, que se suma a los 2.340 millones ya aportados por la entidad. De este modo, no varía su intención de continuar en solitario —opción que también defiende el Gobierno gallego—, convencida de su capacidad para hacer frente a los requerimientos. La vía elegida para su recapitalización —en la que coparticiparían Estado e inversores privados— pasa ahora por adherirse a una de las opciones planteadas por el ministro De Guindos a través de la emisión de bonos obligatoriamente convertibles, sin necesidad del «controvertido» EPA.
En clara sintonía con las tesis manifestadas por José María Castellano, el objetivo de Economía es evitar ventas a «precio de saldo». La idea de Moncloa va en una dirección diametralmente opuesta. Aprovechando la nacionalización de Bankia, varias son las opciones que se barajan, pero siempre con un nexo común: mantener a las entidades participadas bajo control estatal y ponerlas al servicio de la economía real reabriendo el grifo al crédito. En el caso de Novagalicia, de la que el FROB es propietario de un 90,6% del capital, su participación esta blindada, en virtud del compromiso adquirido, al menos hasta septiembre. En este contexto, la inyección pública, aún por determinar, obliga a la entidad de Castellano a realizar una ampliación de capital que fuentes del sector calculan podría llegar a superar los 8.000 millones de euros.
Con todo, el banco gallego insiste en que los fondos de inversión con los que ya había contactado siguen interesados en el proyecto y que los últimos cambios no han variado las negociaciones. Según indican, la protección a través de un EPA es similar a una mayor presencia de capital público. Desmienten así, que los saneamientos exigidos por Bruselas hayan espantado a los posibles compradores, tal y como se llegó a afirmar. Con todo, desde NCG apuntan a que este plan debe ser concretado y el Estado debe, por su parte, detallar los requisitos y cómo se acometerán las ayudas.
Mientras, tal y como confirmó ayer su director general, Juan Díaz Arnau, «el plan que presentaremos diferirá bien poco del que ya teníamos diseñado hasta ahora», en clara referencia a su apuesta por continuar en solitario. Será con fecha límite del 11 de junio, cuando una vez presentado al Banco de España, se conozcan más detalles.
