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El consejo de administración de Bankia se reúne hoy por la tarde para elaborar el plan estratégico de la compañía y cerrar definitivamente la cifra de ayuda pública que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri solicitará al Gobierno para afrontar su saneamiento. Como ya adelantó ABC, la inyección estará en torno a los 15.000 millones de euros.
Luis de Guindos ya lanzó el pasado miércoles en el Congreso la promesa de que la entidad recibirá «todo el capital que sea necesario» a cambio de dos condiciones insoslayables: que los cargos políticos dejen paso a los gestores profesionales en su consejo y que la entidad realice una ampliación de capital en la que el Estado comprará todas las acciones necesarias. Un proceso de nacionalización plena y de barra libre de liquidez que ha allanado un camino que por momentos se puso cuesta arriba a lo largo de esta semana.
El consejo de Bankia ya debería haberse celebrado el pasado miércoles, pero fue desconvocado apenas 24 horas antes. Las discrepancias entre Economía, que proponía una ayuda en el entorno de los 10.000 millones, y el nuevo equipo directivo, que reclamaba 15.000 para poder afrontar con más margen de maniobra el proceso de saneamiento y los deterioros futuros de cartera, estaban detrás de un aplazamiento que hizo saltar todas las alarmas. Sin embargo, la intervención de Guindos en el Congreso acabó por despejar cualquier duda: Bankia tendrá el dinero que precise. Para cumplir con los requisitos de la nueva normativa puesta en marcha por el Gobierno, la entidad necesita 9.000 millones, según concretó el propio ministro de Economía.
La reunión del consejo también podría servir para empezar la remodelación de este órgano. En definitiva, para comenzar el proceso de profesionalización exigido por De Guindos. La reducción del tamaño de los órganos de Gobierno de Bankia y de BFA y la llegada de nuevos gestores, independientes y de prestigio, está sobre la mesa. Para el ministro de Economía, esta última condición es «imprescindible» para atraer futuros inversores y garantizar la viabilidad del grupo, que pasará a estar controlado totalmente por el Estado en cuanto termine la valoración que se está haciendo del mismo y Bruselas autorice la operación.
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