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El nuevo Hospital Público de Vigo está copando durante estas últimas semanas la atención de la Consellería de Sanidade, pues la obra se ha visto entorpecida en múltiples ocasiones tras la negativa del Ayuntamiento, liderado por Abel Caballero, de garantizar los servicios básicos a la clínica una vez esta entre en funcionamiento. Y las polémicas continuaron ayer en el seno del Parlamento, mientras la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, exponía ante los tres grupos políticos el proyecto de un hospital que pretende «centrar la atención en el paciente, prestar la asistencia de calidad y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario gallego, minimizando dentro de lo posible los costes que vaya a tener esta infraestructura», apuntó.
Un proyecto de muy diferente calado para los tres partidos políticos presentes en la Cámara gallega. La oposición (PSdeG y BNG), tacharon a la Xunta y al PP de llevar a cabo construcciones que pasan por una colaboración público-privada pues, a su ver, terminarán por privatizar los servicios públicos de la Comunidad. Sin embargo, la conselleira negó que este modelo esté fracasado y defendió la externalización de los servicios que, en el caso del nuevo hospital de Vigo, alcanzan los nueve (aunque la previsión de la Xunta asciende a 12), y en el resto de las clínicas, ya son una constante.
En este mismo sentido se expresó también el portavoz del grupo popular, Miguel Santalices, quien atajó las críticas de la oposición: «Externalizar no es privatizar» y añadió: «Nadie va a pagar por ser atendido en este hospital». Unas afirmaciones que pretenden acallar los mensajes apocalípticos que tanto PSOE como BNG lanzaron sobre esta nueva infraestructura en O Hórreo y que Santalices criticó por estar trasladando a la ciudadanía una visión que se aleja de la realidad. Así, pidió a los grupos de la oposición que se sumen al proyecto porque «no deberían pasar a la historia como los que intentaron paralizar un hospital».
Pero las críticas son constantes. Después de que el lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejase la puerta abierta a la privatización de servicios salvo en «el núcleo duro» de la sanidad, el diputado del PSdeG, Modesto Pose, arremetió ayer contra esta «fiebre privatizadora» del gobierno gallego, al mismo tiempo que instó a Mosquera a aclarar estas palabras para «tranquilizar a la población», manifestó. Por su parte, la parlamentaria nacionalista, Carme Adán, calificó de «vieja y desacreditada» la fórmula de contratación público-privada, pues «la gestión privada busca el beneficio económico y la pública, el beneficio social», certificó.
Aún así, y a pesar de los reproches del PSdeG y BNG, el proyecto del hospital de Vigo fue en su momento una iniciativa llevada a cabo por el Bipartito, si bien Santalices recordó que «en la legislatura pasada no se movió nada con respecto a la clínica». De todos modos, Mosquera aseguró que el proyecto básico se respetó en su estructura y tamaño, aunque se realizaron una serie de mejoras como la circulación de accesos, la organización en torno a un deseño modular en la área de consultas o la potenciación de la telemedicina. Por ello, llamó a la unión de todas las fuerzas políticas para que se sumen a esta iniciativa, que dotará de una amplia asistencia médica a la ciudad olívica
Caballero podría ir a juicio
Aparte de reclamar el apoyo de los grupos de la oposición, Mosquera también espera una respuesta por parte de Abel Caballero en torno a si va a respetar, o no, el convenio suscrito en la época del Bipartido y firmado por la exalcaldesa popular Corina Porro. Al hilo de lo expuesto por la conselleira se manifestó también Santalices, quien lamentó que ningún diputado de la oposición —ni el propio regidor vigués— asistiera el lunes a la presentación pública del proyecto.
Además recalcó que la «decisión pasa porque el Ayuntamiento de Vigo colabore en la construcción de este hospital, porque si no tiene las acometidas necesarias, habrá un problema grave». Un problema que los populares llevarán a los tribunales si no se cumple lo acordado, algo que ya habían anunciado recientemente al introducir en la Cámara una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Sanidade, por la cual se insta a la Xunta a recurrir, en último caso, a la vía judicial.
