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Según la Organización Mundial de la Salud, entre un 25 y un 50% de los niños de ambos sexos sufren o han sufrido maltratos físicos. Se calcula que cada año mueren por homicidio 31.000 menores de 15 años. Pero es sólo la punta del iceberg: muchas de las muertes de niños a causa de agresiones físicas se acaban atribuyendo erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos u otras causas.
Para prevenir esta lacra, desde instituciones del ámbito educativo, sanitario, social, policial y judicial se establecen protocolos de actuación ante posibles casos, y corresponde a cada Comunidad Autónoma su puesta en funcionamiento.
Los profesionales de estas áreas tienen un contacto más frecuente con el menor, por lo que de ellos pueden surgir las principales medidas de detección. La intuición y la capacidad de observación del pediatra, que hace un seguimiento continuo tanto del niño como de su familia, es la herramienta más potente para detectar cada caso a tiempo.
De la sospecha a la acción
Cuando un pediatra tiene la sospecha de que el niño puede estar sufriendo agresiones físicas, se pone en funcionamiento el protocolo. En muchos casos se crean hojas de notificación y detección de maltrato, que se emplean como un instrumento básico para aplicar los protocolos y que complementan los procedimientos ya establecidos (informes de lesiones, diligencias policiales…). Estas hojas se remiten a los servicios sociales para su evaluación o intervención, a fin de que puedan actuar en consecuencia. También se adjunta una copia al expediente del niño y otra en el registro de casos de la Fiscalía de Menores.
Antonio Bonet es supervisor de Urgencias en el Hospital Punta de Europa de Algeciras. La ley obliga a los profesionales sanitarios a comunicar a la autoridad inmediatamente cualquier sospecha de posibles malos tratos. «Cuando ingresa en Urgencias un niño con un traumatismo, se le atiende con normalidad siempre y cuando no haya sospechas de que pueda ser víctima de malos tratos», asegura. Por eso es la intuición de los médicos que atienden al pequeño la que actúa en primer lugar.
«Nos fijamos en los padres, o en la actitud del niño»
Cuando el personal sanitario tenga «claras sospechas» de que el niño ha sido víctima de golpes y que existe peligro para su integridad o desamparo familiar, el menor permanece ingresado en el centro hospitalario y se envía un parte judicial al Juzgado. A partir de este momento, es la Fiscalía la que actúa.
Los padres, los principales agresores
«No se le dice nada a los padres, puesto que en la mayoría de los casos son ellos los agresores», afirma Bonet. La mayoría de los actos violentos contra los niños son cometidos por personas cercanas, como padres, parejas o compañeros de clase, según la Organización Mundial de la Salud.
Por ello, la mayoría de protocolos establecen que el médico tenga una entrevista privada con los padres, atendiendo a las explicaciones de la familia sobre las lesiones que presenta el menor.
Los azotes son una práctica habitual en muchas familias
El pediatra Miguel Vicente Bravo y Marcos asegura que la «cautela» es muy importante, puesto que «se puede hacer mucho daño hablando de maltrato cuando realmente se ha producido un accidente». Apunta a que la situación es «muy delicada», puesto que «hay casos en que los padres, de forma aislada e incluso accidental, hacen más daño al niño de la cuenta, pero luego compruebas que no son malos padres».
No obstante, considera que es responsabilidad del pediatra observar a los padres y ver cómo es la relación que mantienen con sus hijos. «Lo que no te gusta lo denuncias siempre», sentencia.
