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La ex directora general de la CAM asegura que rebajó sus condiciones laborales

María Dolores Amorós, que accedió a una pensión de 369.000 euros y reclama 10 millones por su despido de la caja intervenida, comparece en las Cortes Valencianas

Día 21/05/2012 - 16.57h
EFE

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La CAM terminó intervenida y ella se marchó con una jubilación de 369.000 euros, al tiempo que reclamaba una indemnización por despido de diez millones de euros. Sin embargo, María Dolores Amorós, exdirectora general de la entidad, defiende que nunca se benefició de una mejora de sus condiciones laborales, y ha asegurado que cuando llegó a la dirección de la CAM asumió «una renuncia y una rebaja» de las mismas.

Amorós, que ha comparecido en la comisión de investigación de las Cortes valencianas sobre la intervención de la CAM, también ha eludido su responsabilidad en las cifras de la entidad al asegurar que no tuvo competencias sobre las auditorías, la contabilidad o la información financiera de la entidad hasta que en 2010 fue nombrada directora general, a pesar de que formaba parte del consejo de dirección desde 1998.

«En modo alguno cerré con el presidente acuerdo alguno en beneficio propio», ha afirmado al ser preguntada por su retribución, que, ha asegurado, «quedó acordada por el consejo de administración» en noviembre de 2010 y era la misma que cobraba el anterior director general, y que estaba congelada desde 2008.

Tras recordar que ha recurrido la sentencia que desestimó su demanda por despido improcedente con una indemnización de diez millones de euros, ha explicado que su pensión, que le permitía acceder a una jubilación cuya renta era de 369.000 euros, supuso «una rebaja» de unos derechos que tenía reconocidos desde 2007.

A pesar de que las cifras no parecen reivindicar su gestión, María Dolores Amorós ha defendido que se esforzó con toda su «capacidad para llevar a buen puerto la estrategia de capitalización de la caja», tras la ruptura del Sistema Institucional de Protección (SIP), y ha indicado que el escrito del Banco de España informando de la intervención llegó de forma «sorpresiva».

Amorós ha asegurado que el SIP no se rompió por las «dudas» sobre los datos de la CAM, y ha destacado que el comité de dirección no percibió incentivos en 2010 «por acuerdo unánime de todos sus miembros», a pesar de que «en virtud de los datos del cierre» del ejercicio era posible.

La exdirectora ha sostenido que nada en la sentencia sobre su despido es «correcto»; ha rechazado valorar las responsabilidades políticas que pueda haber en la intervención de la CAM por el Banco de España, porque no es su «papel», y ha mostrado su deseo de que esta comisión pueda aclarar por qué está intervenida la Caja.

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