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Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain se enfrentan a 16 años de cárcel por la colocación de un coche-bomba en la Delegación de Defensa de Logroño en 2007
Día 16/05/2012 - 16.08h
El juez de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara ha obligado a las Fuerzas de Seguridad a custodiar a la pareja de etarras formada por Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain para evitar que se pasaran un juicio riéndose y haciéndose confidencias. «¡El que se mueva ya sabe lo que tiene! ¡No voy a permitir que se estén riendo y molestándome porque les estoy oyendo!», les ha advertido.
El magistrado ha ordenado a tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía que entraran en el habitáculo acristalado de la sala de vistas para garantizar que los etarras, que son pareja y suelen aprovechar los juicios para ponerse al día de sus respectivas estancias en prisión, siguieran en silencio el desarrollo de la vista oral. Ambos se enfrentan, junto a su jefe en el «comando Otazua», Daniel Pastor, a 16 años de cárcel por la colocación el 9 de septiembre de 2007 de un coche-bomba en la Delegación de Defensa de Logroño (La Rioja), que no llegó a explotar por un fallo en su funcionamiento.
El juez pide a un abogado defensor que no diga «chorradas»
En un momento del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el juez Guevara ha reñido a un agente del Cuerpo Nacional de Policía que ha contestado a una pregunta de la fiscal que había considerado «impertinente». «¡Que la he declarado impertinente! ¿O es que no me oye? ¡Van a tiro hecho. Para eso esto aquí, si no me levanto y me voy!», le ha espetado.
«Perdón, le pido disculpas, señoría, muchas disculpas», le ha contestado el agente, que cuando ha tenido el permiso del presidente para retirarse ha añadido: «¿Con su permiso, señoría? ¡A la orden!». A uno de los abogados de oficio que asistieron a los letrados durante el tiempo en el que permanecieron incomunicados, en el que alegaron que habían sufrido malos tratos y torturas, el presidente del tribunal le ha pedido que no dijera «chorradas» cuando ha manifestado que iba a acogerse a su «derecho de no declarar».
