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Munar alega «indefensión» y pide la suspensión del juicio

Se investiga el desvío de 240.000 euros durante la legislatura 2003-2007. La Fiscalía solicita seis años de cárcel para la que fue denominada durante años «princesa» de la política insular

Día 14/05/2012 - 13.36h

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Había expectación mediática pero ausencia de público en las puertas de la Audiencia Provincial de Palma. Maria Antonia Munar, expresidenta del Consejo de Mallorca y exlíder del ya desaparecido partido nacionalista UM, ha llegado a la Plaça de Es Mercat a las 9.55 y ha bajado del coche con paso firme y mirada tensa. No ha efectuado declaraciones y tampoco se han oído quejas ni insultos.

En un ambiente de tensa tranquilidad, se ha sentado por primera vez en el banquillo. Pese a todo, las declaraciones de Munar no llegarán hasta mediados de semana.

El juicio sobre el «caso Video U», englobado a su vez del «caso Maquillaje», ha comenzado a las 10.00 horas entre la calma y el desasosiego. Se investiga el desvío de 240.000 euros durante la legislatura 2003-2007 desde el Consejo Insular a empresas audiovisuales vinculadas a los acusados. La Fiscalía solicita seis años de cárcel para la que fue denominada durante años «princesa» de la política insular.

El letrado de Munar ha pedido la suspensión del juicio contra ella por «indefensión» al no haber podido pedir una prueba pericial en su momento, lo que el tribunal ha rechazado. A juicio de la acusación pública, la petición de prueba es «tardía y extemporánea».

Los magistrados de la sección segunda han decidido rechazar la petición puesto que, según ha explicado su presidente, Eduardo Calderón, se le dio la posibilidad de aportarla y no lo hizo. El abogado de Munar la puede aportar durante el juicio, aunque antes de la fase pericial del mismo.

También se han sentado en el banquillo el exvicepresidente del Consejo de Mallorca y ex consejero de Turismo, Miquel Nadal (UM), además de ocho personas vinculadas a la formación de centro nacionalista, quienes están acusadas de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según el fiscal los imputados «se concertaron para beneficiar de manera arbitraria con fondos públicos» a dichas sociedades, con las que, afirma, «tenían estrecha relación de propiedad». Un desvío que se hizo, según la fiscalía, «con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública», con documentos oficiales «de contenido absolutamente inveraz». El objetivo último de estas operaciones sería beneficiar a mercantiles «próximas a miembros destacados del partido Unió Mallorquina».

Para el primer día está previsto que las defensas de los acusados planteen cuestiones previas sobre el procedimiento de instrucción tal y como ha sido manifestado tanto en escritos de defensa como a los medios de comunicación.

Otros implicados en la pieza son Miguel Oliver, Luisa Almiñana y Ramón Rullán, tres antiguos gestores de la productora Vídeo U y la extinta Palma TV. Su versión de los hechos ha cambiado sustancialmente con los años. Los tres pasaron de negar todos los cargos a admitir sin tapujos cómo, entre mediados del 2004 y 2008, trabajaron –a nivel audiovisual– para Unió Mallorquina. Vídeo U sirvió presuntamente para colocar a liberados del partido y realizar campañas electorales gratis, o a precio de amigo, para los nacionalistas.

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