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El Gobierno da hoy luz verde a la sociedad para aparcar el ladrillo de la banca

La nueva reforma no elevará de forma indiscriminada las provisiones genéricas, sino que fijará dotaciones distintas según el tipo de crédito de que se trate

El Gobierno da hoy luz verde a la sociedad para aparcar el ladrillo de la banca óscar del pozo

maría jesús pérez

Ha sido una semana intensa en torno a la banca , y ayer día de infarto con los últimos flecos de la segunda reforma financiera de la era Rajoy. El Gobierno, que planea aprobar hoy en Consejo de Ministros la creación de una sociedad para aparcar el ladrillo, estuvo hasta ultimísima hora de ayer discutiendo los puntos claves de la reforma. Y además, con el aliento de Bruselas y del BCE en la nuca.

Como informó ABC, el BCE ha propuesto al Ejecutivo que acepte a la consultora BlackRock como tasadora de los activos inmobiliarios en manos de la banca, y ayer desde Bruselas se insistía en que se encarguen esos cálculos a entidades independientes. El diario británico «Financial Times», iba más allá y aseguraba anoche que la Comisión podría dar a España más plazo para cumplir sus objetivos de déficit a cambio de aceptar estas nuevas tasaciones.

Sector en pie de guerra

Junto a estos nuevos cálculos, uno de los puntos más polémicos de la norma, y que tiene en pie de guerra al sector, es el aumento de las provisiones . En los primeros borradores del decreto, el Ejecutivo planteaba obligar a la banca a dotar con un 23% adicional la cartera de créditos sanos , lo que se conocen como provisiones genéricas, y que ahora se sitúan en el 7%.

Un porcentaje que no era bien asimilado por la banca que, a lo sumo, se mostraba dispuesta a «tragar» con un 13-14%. No obstante, los últimos borradores ya no hablaban de una provisión genérica para todos estos créditos, sino de porcentajes distintos de dotación en función del crédito sano de que se trate —suelo, promoción en curso o promoción terminada— idéntica clasificación que la fijada para los activos problemáticos.

En todo caso, estas nuevas dotaciones exigirían un esfuerzo adicional a la banca que podría superar los 40.000 millones, que se sumarían a los 54.000 del primer «decreto Guindos» . Esto, aclara el sector, dejaría en pérdidas a todas las entidades españolas, a excepción de Santander y BBVA, y porque compensarían con su negocio exterior. Si finalmente hubiera un incremento medio de las dotaciones del entorno del 16% (pasar del 7% al 23%), Bankia tendría que dotar unos 4.500 millones más; La Caixa, 4.200 millones; Santander, unos 3.000; BBVA, más de 2.000; Popular 3.150, y Banesto, 800.

Si las entidades no pueden cumplir con sus propios medios estas nuevas exigencias, la nueva norma permitiría el uso de un Esquema de Protección de Activos (EPA) que financiaría el Estado a través del FROB. En este ámbito, lo que estaba a última hora de ayer encima de la mesa es que las entidades podrían solicitar ante el Banco de España antes del 30 de junio el uso de este mecanismo de ayuda pública. A partir de ese momento, el supervisor tendría un mes para aceptarlo o no.

Una suerte de banco malo autóctono

Los bancos y cajas que lo deseen podrán colocar sus activos problemáticos en la versión española de un «banco malo»: una sociedad gestora de activos, que creará la nueva norma, y que tendrá carácter voluntario.

El Consejo de Ministros prevé también aprobar hoy una fórmula para «rellenar» la famélica hucha del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) . Como informó ABC, las entidades están dispuestas a adelantar sus aportaciones anuales correspondientes a ocho ejercicios, lo que supondría una inyección de capital de unos 20.000 millones.

Por último, se modificará la ley para que el FROB pueda comprar obligaciones convertibles («cocos») para dar apoyo financiero a las entidades que lo necesiten, no solo en procesos de fusión.

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