audiencia nacional

Amaiur arropa a las dos marcas sucesoras de Batasuna en el juicio

Los 13 miembros de D3M y Askatasuna imputados están acusados de ser «instrumentos de ETA»

agencias

03/05/2012
Actualizado a las 15:33h.

Representantes de las cuatro formaciones que integran Amaiur han apoyado a los trece miembros de Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M) que hoy comienzan a ser juzgados y han dicho que este proceso es parte de los «últimos coletazos» para evitar la entrada en un nuevo escenario político en el País Vasco.

Así lo han manifestado antes de comenzar el juicio, en el que la Fiscalía pedirá penas de entre 7 y 9 años de cárcel por un delito de pertenencia o colaboración con ETA para los trece acusados, el dirigente de la izquierda abertzale Pernando Barrena ; el secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), Pello Urizar ; el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute ; y el miembro de Aralar Jon Salaberria.

«Entendemos que son los últimos coletazos por evitar la entrada de un nuevo escenario y tenemos claro que la sociedad vasca se está comprometiendo para que sea una realidad cuanto antes efectiva», ha considerado Urizar, que ha subrayado que el «único» delito que han cometido los procesados es promover unas plataformas electorales porque «se han comprometido personalmente por entrar en un nuevo tiempo».

Barrena ha denunciado el «carácter netamente político» de este proceso judicial y ha apuntado que «todo este proceder político siempre ha sido una demasía», pero, en su opinión, en este momento «es mucho más grave» porque hay un "nuevo clima político y social" en el País Vasco «con un proceso de paz y de normalización política abierto».

La Audiencia Nacional juzga desde este jueves a 13 miembros de Demokrazia 3 Milioi (D3M) y Askatasuna bajo la acusación de haber sido «instrumentalizados» por la banda terrorista ETA.

Todos los acusados, que pertenecen a organizaciones que fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo el 17 de febrero de 2009, están acusados por los delitos de integración o colaboración con organización terrorista, según consta el escrito provisional de acusación del fiscal Vicente González Mota.

Amparo de Las Heras (portavoz de D3M), Arantza Urkaregui, Elisabet Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrotua se enfrentan a nueve años de cárcel por pertenencia a banda armada, mientras que José Antonio Munduae, Xabier Isasa, Fernando Antia y Aitor Liguerzana se enfrentan a otros siete por colaboración.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó en septiembre de 2009 el procesamiento de los 13 acusados por los «importantes indicios de la instrumentalización de ambas marcas electorales» a cargo de la organización ilegal ANV-Batasuna, así como su «incardinación en el complejo terrorista ideado y liderado por ETA con la finalidad de cubrir el frente institucional» de la banda.

Eludir la ley para desarrollar el proyecto terrorista

En su escrito de acusación, de 167 páginas, el fiscal explica que desde que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna fueron declarados ilegales y disueltos por el Tribunal Supremo en 2003, se desarrolló «una estrategia sucesoria de actividades a través de nuevos partidos políticos y agrupaciones de electores» o de la «instrumentalización de partidos ya existentes que ejecutaran la estrategia impuesta por la organización terrorista ETA».

Estas formaciones concurrieron a los diferentes comicios «con la exclusiva finalidad de eludir con fraude de ley la eficacia de las decisiones judiciales y desarrollar el proyecto terrorist»". Como prueba de ello, González Mota argumenta que los estatutos de Askatasuna --partido político «utilizado» por ETA-- son «una evolución lógica» de los presentados por Herri Batasuna años antes y «extremadamente parecidos» a los de HB , constituida en escritura pública en diciembre de 1983.

«Ambos estatutos --indica-- describen dos organizaciones políticas, en teoría diferentes, pero que cuentan con estructuras internas prácticamente iguales, mismo ámbito de actuación, con una redacción muy parecida y cuyas diferencias formales y semánticas pudieran ser consecuencia de los diferentes momentos temporales en que se redactaron».

Según el fiscal, esta «similitud» pasa a ser una «coincidencia casi total» al comparar los estatutos de Askatasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna , de cuya comparación se constata «que tiene los mismos fines, la misma estructura interna e idénticos órganos ». Además, sus militantes tienen «los mismos derechos y obligaciones» y cuentan con «iguales procedimientos de admisión y de baja en el partido».

Askatasuna se creó en 1998, según el Ministerio Público, con la «finalidad» de continuar con la actividad del entramado institucional de ETA y, hasta su emergencia en 2009, desarrolló una actividad política «prácticamente irrelevante», ya que sólo se presentó a las elecciones al Parlamento vasco de abril de 2001, lo que le confirió un carácter de «tapadera» u «opción B» de Batasuna y ETA.

Sobre D3M , el fiscal sostiene que las agrupaciones de electores «han sido utilizadas para eludir el control de legalidad y seguir operando pese a las resoluciones acordadas por la Justicia, subsistiendo de facto como organización política tras la celebración de las elecciones hasta la siguiente convocatoria electoral y reactivándose jurídicamente para presentar entonces nuevas candidaturas». De esta forma, se convirtió en «un partido político con el que se quieren obviar las consecuencias de la disolución de un partido al que se pretende dar continuidad de manera fraudulenta ».

El escrito pormenoriza los distintos grados de responsabilidad de los 13 acusados en las dos formaciones ilegalizadas y recuerda que ya concurrieron a otras elecciones bajo partidos o agrupaciones electorales de otras siglas. En un primer momento fueron imputadas otras 12 personas, que finalmente no fueron procesadas por el juez Garzón, dado que, para diez de ellos no existían pruebas concluyentes en su contra y otros dos ya habían sido procesados por los delitos que aquí se les atribuían.

Referentes políticos de ETA

Respecto de los procesados para quien el fiscal solicita la pena más alta, Garzón señalaba en su auto de procesamiento que constan indicios tanto de su militancia y grado de responsabilidad en Batasuna/Ekin, «referentes políticos de ETA en el entramado criminal que dirige», como de la actividad que desarrollaban para conseguir que el complejo terrorista esté presente en las instituciones democráticas, que es «una de las finalidades principales que ETA persigue desde hace décadas».

Añadía que, desde que en agosto de 2002 se suspendieron las actividades de la ilegalizada Batasuna, ETA eligió la estrategia de las «marcas políticas sucesivas» (Euskal Herritarrok, PCTV, ANV etc..) hasta llegar a la última utilizada, D3M, aunque también optó por instrumentalizar otras que se encontraban «en hibernación» para ser utilizadas en el momento preciso como ha sido el caso del partido Askatasuna.

Respecto de Munduate e Isasa, el juez les imputaba colaboración por cuanto ambos han prestado voluntariamente su consentimiento a que el partido Askatasuna, que dirigían, asumiera las decisiones de ETA/Batasuna, «lo que resultaba imprescindible para que la continuidad y sustitución de éstos se produjera». Sin embargo, no se han constatados actos por parte de los dirigentes de este partido «hibernado» diferentes a la aceptación y prestación de consentimiento de la «marca», asumiendo el carácter ilícito de su conducta.

Los indicios que existen contra todos ellos se fundamentan en investigaciones policiales, y en las conversaciones intervenidas que mantuvieron los ahora procesados con terceros, las resoluciones del Tribunal Supremo impidiendo la presencia de sus formaciones a los comicios del pasado 1 de marzo y objetos intervenidos en diferentes registros.