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Los centros que tenía concertados el Gobierno autónomo se han plantado por las deudas acumuladas
Día 02/05/2012 - 18.21h
Las dos clínicas privadas de Zaragoza con las que el Gobierno aragonés tenía concertada desde hace años la práctica de abortos voluntarios han dejado de realizarlos. El motivo, los 800.000 euros que les adeuda la Administración regional. La situación ha obligado al Gobierno aragonés a buscar alternativas, porque, como ha reconocido hoy el consejero autonómico de Salud, Ricardo Oliván, la Administración regional está obligada a atender a las madres que deseen legalmente someterse a un aborto voluntario. Y una de las alternativas por la que se ha inclinado el Ejecutivo aragonés es buscar clínicas privadas de comunidades limítrofes, que estén dispuestas a concertar con el Ejecutivo aragonés estas intervenciones.
Oliván ha indicado que sólo tienen dos vías para paliar la situación, y ambas las van a aplicar en paralelo: que se realicen abortos en los hospitales públicos aragoneses, y en este caso se debe contar con que los facultativos pueden apelar a la objeción de conciencia; y recurrir a clínicas en regiones limítrofes.
En cualquier caso, el consejero de Salud ha indicado que, hasta tanto se resuelve la situación, las madres aragonesas que hagan uso de su derecho legal a adoptar podrán acudir a un centro privado y, posteriormente, el Gobierno aragonés les abonará la factura de la intervención.
Ricardo Oliván ha indicado que se está trabajando de forma acelerada para solucionar el problema surgido tras la negativa de las dos únicas clínicas privadas que estaban habilitadas en Aragón a seguir adelante con el concierto con la Sanidad pública. Según el consejero, la solución llegará en cuestión de días, posiblemente esta misma semana, y combinará tanto la práctica de abortos en hospitales públicos como la derivación a clínicas privadas de regiones limítrofes.
Entre 2.000 y 2.800 aragonesas se someten anualmente a abortos voluntarios. El coste de cada una de estas intervenciones ronda los 500 euros.
