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Los propietarios han empezado a retirar parte de las 300 que hay en el municipio ante la primera oleada de multas del Ayuntamiento
Día 27/04/2012 - 10.09h
En Santander hay 300 vallas publicitarias anunciando coches, rebajas en centros comerciales e, incluso, a candidatos políticos en época electoral. Ni una sola de ellas es legal. Ninguna, ya esté instalada en terreno privado o público, tiene permiso municipal, según informaron desde el Ayuntamiento al Diario Montañés. Muchas de ellas son vallas fantasma. Desaparecen durante la noche y vuelven a aparecer por la mañana en otro lugar distinto. Este descontrol, que se extiende a la mayoría de las ciudades españolas, tiene las horas contadas. Los Castros, La Albericia y la S-20 son algunas de las zonas en las que han
empezado a retirarlas definitivamente. Justo cuando ha llegado la primera oleada de multas del Ayuntamiento. Unas sanciones de 300 euros, de momento, que ayer fueron aprobadas en pleno con los votos a favor del PP y del PRC, aunque éste último lo considera una medida «insuficiente». El PSOE se abstuvo.
Desaparecen durante la noche y vuelven a aparecer en otro lugar
Los derechos concesionarios para instalar estas vallas en la capital los tiene una sola empresa. Según el Ayuntamiento, puede colocar hasta un máximo de 250 por todo el municipio. Pero incluso ella debe rellenar papeles cada vez que quiera levantar una. El Consistorio le dará entonces el permiso y le cobrará 2.338 euros al año por cada cartel autorizado dentro de la concesión.
El problema es que, detrás de las 300 vallas que ahora mismo hay en Santander, hay multitud de empresas, y ninguna de ellas, ni siquiera la concesionaria, tiene licencia ni paga un euro al Ayuntamiento. Una infracción urbanística tipificada en la Ley del Suelo, como recordó el concejal de Urbanismo, César Díaz, durante el pleno. Por eso, hace dos años comenzaron los trabajos para regularizar esta situación. De las primeras denuncias de la Policía Local se pasó a la localización exacta de cada valla y a la tramitación de cada expediente.
Los pasos a partir de ahí son similares a los que se dan cuando un edificio se encuentra en estado de ruina. Por un lado, la multa. Por otro, la opción de legalizar la situación. Cuando uno avanza, lo hace el otro, y viceversa. Hasta que el incumplimiento se repite y es el Ayuntamiento el que entra y retira subsidiariamente las vallas. Esto todavía no ha sucedido. Los propietarios de las 30 vallas que, de momento, han sido sancionadas, ya están desinstalando la mayoría. Al final del proceso, las multas alcanzarán a todas.
