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Aprobada la ley que permitirá acelerar la reestructuración del amplio tejido empresarial del Gobierno aragonés
Día 27/04/2012 - 13.36h
Las Cortes de Aragón aprobaron ayer, con el respaldo de PP, PAR y PSOE, el Plan de Racionalización del sector público empresarial. Un plan que el Gobierno de Rudi había aprobado por decreto meses atrás y que finalmente se ha tramitado en el Parlamento autonómico como Proyecto de Ley. De esta forma, se han podido incluir varias propuestas de la oposición.
El entramado público empresarial que dejó Marcelino Iglesias tras su salida del Gobierno aragonés arrastra pérdidas multimillonarias. La deuda conjunta de las empresas en las que participa el Ejecutivo autonómico ronda los 600 millones de euros. Los graves desequilibrios contables y financieros que arrastra el sector han obligado a los populares a meter la tijera.
A partir de ahora, se van a ir fusionando o suprimiendo aquellas empresas que «no contribuyan a la consecución de fines de interés general». Además, se van a reestructurar los órganos directivos de las empresas del sector público aragonés para eliminar altos cargos. Así, el Ejecutivo de Rudi aspira a configurar un nuevo sector público empresarial «eficaz y eficiente», que contribuya a reducir el déficit y contener el gasto público.
Durante los doce años de Gobierno socialista, el número de empresas públicas ligadas al Ejecutivo regional creció con fuerza. Actualmente hay 28 empresas en las que el Gobierno aragonés es el socio mayoritario. De ellas, 21 arrastran pérdidas. A esto hay sumar decenas de participaciones en diversas compañías.
Sí a Motorland
Por otra parte, el pleno de ayer debatió la viabilidad de albergar un nuevo premio de motociclismo en el circuito de Alcañiz. De nuevo los socios de Gobierno —PP y PAR— junto con los socialistas votaron a favor de que la localidad turolense de Alcañiz sea la sede del Gran Premio de Motociclismo de Aragón. Frente a ellos CHA e IU, que ven más inconvenientes que ventajas.
Desde la oposición, criticaron el elevado coste de las pruebas de motociclismo a las arcas públicas de la Comunidad. Y es que, según CHA, en 2010, la deuda que generó el Gran Premio fue de tres millones de euros, a los que hay que sumar los cinco millones de 2011.
Además, criticaron el convenio firmado con Dorna Sport, empresa encargada de organizar el evento, que recibirá hasta 2016 cerca de 50 millones de euros libres de impuestos de la sociedad pública por organizar siete pruebas del Campeonato. Cinco millones de euros en 2010; seis millones en 2011; siete millones en 2012; 7,35 millones en 2013; 7,7 millones en 2014; ocho millones en 2015; y 8,5 millones en 2016.
