El Gobierno ha decidido denunciar ante el Tribunal Constitucional a la Junta de Andalucía por la subasta pública de medicamentos, una medida de ahorro para combatir el gasto farmacéutico. Los servicios judiciales del Estado argumentan que este sistema de subasta invade la legislación estatal y reduce la oferta de prestaciones. El argumento estatal está amparado también por un dictamen previo del Consejo de Estado que cuestiona la resolución autonómica. La decisión se ha tomado en el Consejo de Ministros y conlleva la suspensión cautelar de la norma andaluza.
No es el primer varapalo que sufre la medida estrella de la Junta para cuadrar las cuentas sanitarias. El Gobierno andaluz quería firmar un convencio con once laboratorios para poner en marcha la subasta de fármacos. A ellos les iba a adjudicar el suministro de algunos de los medicamentos genéricos de mayor consumo tras ajustar su precio a la baja. Entre ellos, anticoagulantes, protectores gástricos y estatinas para bajar el colesterol. El convenio se debía haber firmado la semana pasada pero de las once compañías farmacéuticas solo se presentaron cuatro a la firma del acuerdo. Según la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, el plante de los laboratorios se debió a las presiones que recibieron del Ministerio de Sanidad.
Inequidad entre pacientes
Farmaindustria, la patronal de los laboratorios, apoya punto por punto la decisión y los argumentos del Gobierno. En un comunidad explican: «Las subastas constituyen un caso más de inequidad entre los pacientes españoles en función de la comunidad en la que residen, provocando la ruptura de la unidad del mercado farmacéutico y generando un desequilibrio en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, e implicando una grave restricción de la competencia para las compañías farmacéuticas»
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