caso del urbanismo por silencio administrativo
El alcalde de Viveiro pagaba informes a asesores para saltarse los del técnico local
La exsecretaria acusa a Roel de ordenar los estudios externos, que daban apariencia legal a las licencias de obras
Sara Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) entre los años 1991 y 2009, declaró el pasado lunes en el juzgado Número 2 de Instrucción de esa localidad que el actual alcalde de la misma, Melchor Roel, encargó informes técnicos a asesorías legales externas para valorar licencias urbanísticas que no habían obtenido previamente el visto bueno del ingeneiro municipal.
Estos estudios dieron lugar en el año 2006 a aprobaciones ilegales de expedientes para casi 700 viviendas por la vía de la adquisión tras silencio informativo, que varias instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, condenaron en 2010. Estas sentencias han prvocado que ahora la justicia estudie en el proceso abierto la posible responsabilidad penal de la corporación local, ya entonces encabezada por el propio Roel, en la adquisición de las licencias.
La exsecretaria, que en los pasados procesos había testificado que los miembros de la corporación bipartita estaban advertidos de la extencia de los informes en contra de la licencias que finalmente aprobaron, apuntó en su declaración al regidor socialista como principal responsable de lo ocurrido. Estas aprobaciones de expedientes por la vía del silencio administrativo cobran especial gravedad si se tiene en cuenta que tuvieron lugar cuando la Xutna de Touriño ya había suspendido por decreto las competencias urbanísticas municipales en Viveiro.
Hasta ahora, a la exsecretaria que también está imputada, le habían echado la culpa tanto el alcalde como los concejales y exconcejales de PSOE y BNG implicados en el caso (hata siete, tras la aplicación de la denuncia inicial del PP local). Todos han pasado por dependencias judiciales, donde uno tras otro aseguraron que era responsabilidad de la secretaria informar a los políticos de la legalidad de las actuaciones solicitadas. Fernández negó ante juez y fiscal este extremo: ella leía los informes sin hurtar información, pero no advertía sobre si eran legales o no.
El lunes, ésta se defendió. Primero, resaltó que las competencias urbanísticas descansan en la junta de gobierno, tras delegar en ella el alcalde, y que éste siempre tenía los informes preceptivos en los expedientes que se votaban. Después, colocó en el centro de la diana al alcalde, al que en varias ocasiones achacó el haber encargado diferentes estudios a varios despachos de abogados externos -alegando una excesiva carga de trabajo de los funcionarios locales- para solventar cuestiones técnicas en expedientes en los que había un informe negativo del funcionario local.
Estos expedientes, añadía, acababan con duplicidades y contradicciones. Los trabajos de la asesoría externa servivirían para dar viso de legalidad a las decisones tomadas por la junta.
Presiones al ingeniero
Martínez acusó además a Roel de presionar e incluso insultar en público al funcionario municipal, un ingeneiro, que se encargaba de realizar los informes previos destinados a marcar la legalidad o ilegalidad de las licencias solicitadas en el Ayuntamiento.
Este funcionario, por estos supuestos malos modos, decidió dejar de ir a las comisiones informativas que precedían a la aprobación de las licencias. Cuando un análisis de este no permitía dar un permiso, se pedía otro, como ocurrió en el caso de la licencia 216/06, contó la exsecretaria.
Además, Martínez explicó que antes de la suspensión del urbanismo local por parte de la Xunta, nunca se habían aprobado licencias por la vía del silencio administrativo (al no haber respuesta oficial, el peticionario se limita a pagar las tasas).
Precedente
Poco después de la presentación de la denuncia penal que ha dado lugar a este caso, y aún con el bipartito en la Xunta, un juzgado de Lugo anuló una licencia para unas 200 viviendas en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
Entonces, la sentencia rezaba que no podría entenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planteamiento urbanístico . En este caso, la sentencia añade que el mecanismo para tapar a posteriori esta ausencia de legalidad por parte del Ayutnamiento fue la contratación ex profeso de un consultor externo para que elaborase un informe a medida con el que conceder el permiso.
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