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Los escoltas asumirán la vigilancia de las cárceles

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Día 27/03/2012

La custodia de las prisiones es una de las tareas que la Guardia Civil ha tenido encomendada tradicionalmente de forma mayoritaria, pero esta norma cambiará en breve. El Ministerio del Interior ultima un plan para privatizar en parte este servicio del que en la actualidad se ocupan unos 1.600 agentes en toda España, según datos oficiales. Los escoltas privados del País Vasco y Navarra serán los nuevos vigilantes de las prisiones, tal y como ha confirmado la Dirección General de la Guardia Civil. El mando del servicio continuará, no obstante, a cargo de uno o varios agentes en un modelo que seguirá el camino del que funciona en los aeropuertos.

«Optimizarrecursos» y dar una salida laboral a los escoltas del País Vasco y Navarra, pagados por el Ministerio del Interior, que se quedarán sin trabajo tras la reducción aprobada de casi la mitad del personal privado que presta servicios de protección. Esos son los objetivos que se persiguen con el plan del Ministerio y que ha encomendado a la Dirección General, según fuentes del Departament

La primera confirmación se produjo el pasado martes en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, el primero que presidió el ministro Jorge Fernández Díaz. A preguntas de un vocal de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) sobre una eventual privatización en determinadas unidades de vigilancia, el «número 2» del Cuerpo explicó que existía un proyecto en este sentido y que pasaba por emplear seguridad privada.

Más jubilados que nuevos

Un par de días después, en la misma AUGC se recibió una llamada telefónica más precisa, tras una reunión celebrada en la Secretaría de Estado de Seguridad. En dicho encuentro se confirmó a la Guardia Civil la «inminente» puesta en marcha del plan de privatización parcial de esos servicios, aunque sin plazos concretos, así como que se había acordado con los escoltas.

Las premisas iniciales distinguen entre los agentes asignados a las unidades de seguridad penitenciaria, que reforzarán las conducciones de presos y el resto, a la espera de nuevos cometidos. Los representantes de los guardias civiles velarán por que no se perjudiquen los intereses de los afectados «por una decisión gubernamental».

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