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Juristas critican que vocales del Consejo del Poder Judicial asesoren al Gobierno

Gallardón aboga por que la reforma de la Justicia deje atrás algunas «tradiciones» ya que, aunque fueran «pacíficas», han resultado «ineficaces»

Día 09/04/2012 - 16.04h

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La participación de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en las dos comisiones institucionales que se encargarán de elaborar los nuevos articulados de leyes tan importantes como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Demarcación y Planta Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha suscitado las críticas de diversos juristas. La principal objeción se refiere al deber que los vocales tienen, como miembros del órgano de gobierno de los jueces, de preservar la independencia de éstos del poder político, lo que les impediría participar como asesores del Gobierno.

La ley establece también que los miembros del CGPJ deben desarrollar su cometido con «dedicación absoluta», una previsión legal que, según los críticos, les prohíbe compatibilizar el ejercicio de su cargo con cualquier otra actividad. Además, su participación en la redacción de los textos les obligará a abstenerse en el informe que el CGPJ debe emitir sobre los proyectos legislativos.

El catedrático de Derecho Procesal Andrés de la Oliva ha expresado esta opinión en su blog: «Lo que me parece sin duda más grave de todo ese mejunge de comisiones es que, siendo iniciativas y responsabilidad del Gobierno, del Ejecutivo, participen en ellas con total tranquilidad -y, por si fuera poco, como mascarones de proa, presidencialmente- dos miembros de un órgano constitucionalmente creado para desapoderar al Ejecutivo de sus relaciones con la Justicia y, de este modo, garantizar la independencia de los jueces».

Escrito al Pleno

Desde dentro del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez sostiene que si los dos vocales designados (Antonio Dorado y Gabriela Bravo) van en representación del CGPJ, debería ser este órgano quien los hubiera nombrado, y no el Ministerio de Justicia. Gómez Benítez presentará un escrito al Pleno de este órgano para que, en su reunión del próximo día 22, se posicione sobre la conveniencia de que sus miembros se conviertan en asesores del Ejecutivo para las reformas legislativas.

El ministro de Justicia presidió ayer la primera reunión de la recién constituida comisión institucional encargada de elaborar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial (LDPJ), dos textos que Alberto Ruiz-Gallardón quiere llevar al Parlamento en octubre.

El titular de Justicia aboga por que el nuevo articulado no esté limitado «por ningún tipo de costumbre o tradición» que en las últimas décadas se haya mostrado «pacífica pero ineficaz». Gallardón reiteró una vez más que el objetivo de la reforma es adaptar la Administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI: «Para que sea ese servicio público del que todos nos sintamos orgullosos», añadió. El ministro elogió a los miembros de la comisión -«los mejores», dijo- y les pidió «generosidad» para que en la búsqueda de una mejor Administración de Justicia dediquen «su tiempo, experiencia y conocimiento».

El equipo de expertos del ministro

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