¿Por qué no pincha la burbuja del fútbol?

La cuestión es que los números rojos, hasta ahora, no han sido perseguidos en España. Cuando el Glasgow Rangers se acogió al concurso de acreedores vio cómo le restaban diez puntos en la clasificación de la liga escocesa. Un castigo a la mala gestión. Además, si su situación no se resuelve antes del 31 de marzo, el club tampoco podrá acudir a las competiciones europeas.

Otros diez puntos de sanción ahogan al Portsmouth en el fondo de la segunda división inglesa. El club, que ya fue castigado sin fichar en 2009, está al borde de la desaparición. Tampoco es mejor la situación en Suiza. El Servette se encuentra el borde de la bancarrota, el Sion ha sufrido una sanción de 36 puntos y el controvertido Neuchatel Xamax ha sido expulsado de la competición.

La historia en España es bien distinta. Los equipos de la máxima categoría del fútbol español deben a Hacienda 489 millones de euros según ha comunicado el Gobierno. En total, la deuda con la Agencia Tributaria se sitúa en unos 752 millones , lo que supone un aumento de 150 millones en los últimos cuatro años. A ello habría que sumarle, entre otras cosas, la deuda con la Seguridad Social . Un dineral que podría superar los 4.000 millones de euros.

En España, apenas el Mallorca ha sido castigado —entre los clubes más importantes— por sus libros de cuentas. Y fue la UEFA quien excluyó al equipo de la Europa League en julio de 2010 en una medida muy protestada por la afición. Y es que castigar en España a los colores tiene su coste político. Miles de aficionados del Sevilla y del Celta de Vigo se echaron a la calle en 1995 después de que la LFP ordenara su descenso administrativo a Segunda B con la Ley del Deporte recién estrenada. La presión popular ayudó a que la medida nunca fuese efectiva, lo que dio pie a una Liga de 22 equipos debido a que la LFP ya había ascendido a Valladolid y Albacete. Fue el inicio de la situación actual.

La Ley Concursal, aprobada en 2004, abrió una nueva vía a los equipos en apuros económicos . Primero, suponía pagar la mitad a futbolistas y entrenadores. En la práctica servía además para evitar el descenso de categoría. Resquicios para regatear una pésima gestión . Algunos incluso se permitían fichar nuevos futbolistas a través de fondos de capital riesgo. Meses o años más tarde la mayoría de los clubes salían del concurso de acreedores con una deuda reducida. Y vuelta a empezar.

La situación ha cambiado con la nueva Ley Concursal , aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado, que obligará a los equipos a pagar sus deudas para evitar el descenso.

El dilema de esta ley es, precisamente, que cualquier descenso administrativo lleva probablemente a la desaparición del club, y por tanto las deudas dejarían de cobrarse. Ante esa situación, Hacienda prefiere alcanzar acuerdos con los clubes para renegociar la deuda, en ocasiones con importantes quitas, y con menos garantías de pago de las exigibles.

Eso ha denunciado, por ejemplo, el colectivo de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha): existen dos varas de medir de la la Agencia Tributaria, una para las entidades futbolísticas y otra para el resto de los mortales. Nadie quiere pinchar la burbuja del fútbol.