El Consell suprimirá la mitad de los empleos de las empresas públicas
El ajuste laboral que prepara la Generalitat, en la línea de las exigencias del Gobierno en materia de ahorro, afectará a 6.000 trabajadores a medio plazo
La Generalitat ha cuanfificado en 6.000 el número de puestos de trabajo que se suprimirán con motivo de la reestructuración del sector público empresarial a medio plazo, lo que supondría dejar a la mitad la nómina de empleados de las mercantiles, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Administración autonómica, que de acuerdo con los datos de la última Cuenta General correspondiente al ejercicio 2010 se sitúa en 12.136 empleados.
De acuerdo con la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2012, las indemnizaciones contemplarán el abono de veinte días por año trabajado, conforme avanzó ABC el pasado mes de enero. Las salidas que se ejecuten se regirán también por las nuevas pautas marcadas por la reforma laboral aprobada el pasado mes de febrero por el Gobierno y que ya ha sido validada por el Congreso de los Diputados.
En la cifra de 6.000 empleados públicos que ya maneja como previsión oficial el Consell se incluyen los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radio Televisión Valenciana (RTVV), que por la dimensión del ente será el de mayor impacto en términos laborales y el primero en ejecutar su plan de reestructuración.
Al margen de RTVV, la empresas con mayor número de trabajadores en nómina son Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) —con 1.824 empleados—, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) —1.761— y la firma de gestión medioambiental Vaersa —1.645—.
Exigencias del Gobierno
La Administración autonómica se ha anticipado a las exigencias del Gobierno que preside Mariano Rajoy y ya ha tomado medidas para adelgazar el sector público y ha anunciado un ERE en el el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), que cuenta con cuatrocientos trabajadores. Mientras, la liquidación de Ciegsa —la firma encargada de construir los colegios públicos— supondrá la salida de noventa trabajadores. Otro ejemplo de esta dinámica de reducción de coste se encuentra en la supresión de 35 de los 103 puestos de trabajo de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (FAVIDE), anunciado por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
El Gobierno ha instado a las autonomías a presentar un plan sobre el ajuste en el sector público empresarial como condición indispensable para poder beneficiarse de las ayudas arbitradas por el Estado para el pago a proveedores, a través de una línea de crédito que inyectará 2.900 millones a la Generalitat —700 para las empresas públicas—, y de la emisión de hispanobonos para colocar la deuda autonómica en los mercados mayoristas —4.100 millones el caso de la Comunidad Valenciana—. En la cumbre de presidentes autonómicos de Valencia prevista para antes de verano se fijarán las líneas maestras del nuevo modelo de Administración.
La Generalitat ya ha remitido la información previa a los ministerios de Hacienda y de Economía, aunque el documento sólo contiene algunos rasgos de su plan de reestructuración, en el que trabaja la consultora Deloitte desde el pasado 15 de febrero, cuando resultó la ganadora del concurso público licitado por la Conselleria de Economía. El objetivo inicial pasa por reducir las 46 empresas públicas y entidades autónomas que existen en la actualidad a seis holdings.
Medidas de ahorro
En este plan han quedado excluidas RTVV y la Agencia Valenciana de Turismo. El presupuesto para el conjunto de mercantiles durante el presente ejercicio suma más de 2.419 millones de euros, lo que ya significa un recorte de novecientos millones de euros. Fuentes oficiales consultadas por este periódico explicaron ayer que todavía no se ha cuantificado el ahorro que supondrá el proceso de adelgazamiento del sector público, cuyo fecha tope para estar completamente ultimado está fijada en el 1 de enero de 2014, ya que se trata de un proceso complejo, con miles de personas implicadas, y no exento de connotaciones políticas. En el siguiente año y medio comenzarían a visualizarse los impactos de la medida en términos de ahorro.
De hecho, la ejecución de los ERES supondrá un importante esfuerzo para las arcas públicas. En algunos casos, las indemnizaciones han sido recogidas en el apartado de capítulo de personal del presupuesto del actual ejercicio. Sin embargo, para poder disponer de fondos suficientes las medidas debería aplicarse dentro del actual semestre para que las nóminas no absorban las cuantías previstas para las indemnizaciones.
Otra de las vías pasaría por recurrir a la financiación externa. Algunas empresas públicas ya han sido sondeadas por entidades bancarias dispuestas a financiar los ERES, siempre y cuando se aporten planes de viabilidad para las mercantiles.
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