El PP propondrá suprimir los defensores del pueblo regionales
La propuesta se debatirá en la cumbre autonómica que ha de celebrarse en Valencia
La cumbre de presidentes autonómicos que —según acordaron Mariano Rajoy y Alberto Fabra en su reciente reunión en La Moncloa— se celebrará en Valencia antes del próximo verano servirá para sentar las bases de una profunda reordenación de la Administración con el objetivo de optimizar al máximo los recursos públicos, en lo que se avecina como una suerte de segundo proceso de descentralización —que afectará a organismos como los defensores del pueblo autonómicos—.
Rajoy ya ha advertido de la imperiosa necesidad de acometer «sin prisa pero sin pausa» una profunda revisión del entramado público, que afecta por igual al Gobierno central, los ayuntamientos y las autonomías. En esta línea se encuadra la cumbre de Valencia, donde se pretende trazar una hoja de ruta común para el conjunto de regiones españolas que evite las actuales duplicidades y repercuta en un ahorro para las arcas públicas.
En este sentido, en el encuentro de presidentes autonómicos se plantearán cuestiones concretas como la supresión de los defensores del pueblo autonómicos y los organismos consultivos. En un contexto de crisis como el actual, el objetivo de Rajoy pasa por sentar en la cumbre de la capital del Turia las bases de una nueva Administración autonómica para evitar en el futuro la actual sobredimensión. De esa forma, la «refundación» de la estructura autonómica para hacerla más barata y cercana al ciudadano se gestará en la cita de Valencia, a la que el Gobierno central ha concedido un carácter prioritario.
Coste de 36 millones
En el caso de la Comunidad Valenciana la supresión de entes que se prevé plantear afectaría directamente a la Sindicatura de Agravios y al Consejo Valenciano de Cultura, de acuerdo con las fuentes consultadas por ABC , que subrayan que las negociaciones para consensuar una postura común de todas las regiones se halla en una fase incipiente.
La redimensión del sector público, de hecho, no está exenta de complejidades desde el punto de vista legal. De hecho, tanto la Sindicatura de Agravios como el CVC son instituciones reguladas por el Estatuto de Autonomía , por lo que resultaría necesario proceder a su reforma.
En la Comunidad Valenciana existe una estructura de entidades con correspondencia a nivel estatal, cuya supresión ya se ha anunciado en otras regiones —como Castilla-La Mancha—, así como otras de carácter meramente consultivo, cuya vigencia también se debate. Existen una decena que cumplen estas premisas cuyo gasto en el presupuesto del presente ejercicio supone unos 35,4 millones de euros, de los cuales 22,6 se destinan a gastos de personal.
En este bloque figuran instituciones como la Sindicatura de Agravios —análoga al Defensor del Pueblo—, cuyo coste anual se sitúa en 3,48 millones de euros, de los cuales 2,9 se destinan a gastos de personal. El valenciano es uno de los doce defensores del pueblo autonómicos que existen en la actualidad, tras la supresión de esta figura en comunidades como Castilla-La Mancha.
Además del Síndico de Agravios valenciano y de su homónimo catalán, funcionan también el Defensor del Pueblo Andaluz, el de Justicia de Aragón, el Diputado del Común de Canarias, el Procurador del Común de Castilla y León, el Procurador General del Principado de Asturias, el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, el Valedor de Pobo gallego, la Defensora del Pueblo Riojano, el Defensor del Pueblo de Navarra y el Ararteko vasco.
La mayoría de estas instituciones funcionan en comunidades que tras las elecciones de 2011 están gobernadas por el PP, lo que facilitará el debate sobre su futuro.
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