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LA cruda realidad que impone el difícil momento económico del país está obligando a tomar medidas que a todas luces son impopulares. La situación es tal, que Castilla y León, por primera vez en su etapa autonómica, pone en marcha nuevos impuestos para intentar hacer frente al problema. Las Cortes dieron ayer luz verde a los céntimos sanitarios que gravarán las gasolinas, 4,8 ctms/litro, que aplicado el IVA supondrá un incremento real por litro al consumidor de 5,66 euros. Se trata de un impuesto finalista y por lo tanto irá destinado íntegramente a sufragar los gastos de la sanidad.
La sanidad en España está gravemente enferma. Padece un complicado «síndrome» que podríamos denominar insostenibilidad de sistema, de tratamiento incierto. Es un proceso que afecta a todas las comunidades autónomas, por lo que podríamos afirmar que estamos ante una «epidemia» que exigiría medidas comunes, que por lo que parece las comunidades son incapaces de adoptar.
Cada una de ellas aplica su propio tratamiento, sin que por el momento se vea efectividad en los resultados y por el contrario, se vislumbran algunos efectos secundarios, como son la desconfianza de los enfermos hacia los médicos, a los que muchas veces se presenta como parte del problema, o el enfado de éstos ante una situación causada por una mala gestión que no se afronta.
En Castilla y León la receta aplicada por la Junta ha tenido que sortear en el plano laboral, importantes y duras negociaciones en las que ha sido determinante las buenas artes políticas del consejero Sáez; y en el terreno económico se ha optado por gravar a los combustibles, lo que ha generado protestas y amenazas por parte de los colectivos de transportistas, amén del descontento general de los usuarios. En general son medidas de choque con las que se tratan de paliar algunos de los síntomas, pero que en absoluto atacan a la génesis del problema, con lo que es muy probable que los síntomas puedan volver a aparecer, porque la enfermedad sigue latente.
Hay que tener la valentía de tomar medidas de conjunto, que afecten a todo el territorio nacional, como por ejemplo reestructurar la atención primaria racionalizando el gran número de consultorios locales existentes, modificar la prestación farmaceútica para fijar la aportación del usuario en función de la renta, fomentar la colaboración público-privada, promover fiscalmente el uso de seguros privados, o redefinir el actual modelo de unidades de referencia. Estas son algunas de las posibles medidas, a las que podrían sumarse otras muchas, pero todas ellas de aplicación en el ámbito estatal, porque es un hecho que de forma aislada se pueden poner parches, pero no se aborda el problema en profundidad y la realidad es que la sanidad lo necesita.




