Una policía devaluada

YO, que defendí la creación de la policía autonómica, hoy tengo muchas dudas acerca de su utilidad. La sensación de una creciente inseguridad ciudadana producida sobre todo por la crisis económica y el notable déficit que existía en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado —se llegó a hablar de 2.000 efectivos— eran argumentos bastante convincentes para creer sobre su necesidad. Hasta pensé que su presencia transmitiría a la sociedad una mayor sensación de seguridad y una garantía en la protección de los derechos individuales constitucionales de los canarios. Y, en esas ocasiones en que expresé mi apoyo a este cuerpo, lo hice bajo el convencimiento de que sería similar a la Policía Foral de Navarra, fuerza complementaria y no sustitutoria, o que se crearía bajo el modelo que tan eficazmente funciona en la comunidad gallega, con la adscripción de unidades de la Policía Nacional. Pero no ha sido así, y esa sensación de inseguridad continúa.

Para comprender el porqué de esta palinodia, nada mejor que «tirar» de hemerotecas. Con el ínclito Rubalcaba aún como ministro de Interior del Gobierno socialista y con la silente anuencia de CC, se fueron colocando en el camino las piedras necesarias para que este proyecto se quedase en algo abstracto, sin contenido. El ministro socialista justificaba ese «empedrado» afirmando su convencimiento de que la Policía Canaria «crearía problemas de coordinación». Y hasta en una visita a Fuerteventura llegó a decir que su creación no garantizaba necesariamente más seguridad (sic). Palabras que se pueden entender perfectamente al recordar cómo se le negó a la Policía Canaria las competencias necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, no se le concedieron competencias para la vigilancia del litoral, ni para controlar explosivos y material pirotécnico. Tampoco se le permitió que pudiese ejercer la vigilancia, verificación y control de las empresas de seguridad y, ni tan siquiera, que tuviese cierto control sobre algo tan importante para Canarias como es la inmigración irregular y la Policía Judicial. Y claro, ante este panorama, parece lógico que hasta se produzcan fugas entre sus mandos y algún que otro escándalo interno que confirman, aún más, la nimiedad de este cuerpo.

Son precisamente todas estas anomalías las que han aquilatado la necesidad de esta policía insular. Porque, además, tampoco hemos oído al director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, algún mensaje positivo hacia un posible entendimiento con el cuerpo que dirige. Y claro, ya somos muchos los que pensamos que la Policía Canaria, cuyo mantenimiento nos cuesta un riñón, solo sirve para lo que justamente no se necesita, o sea, para vigilar edificios oficiales, ejercer como escoltas a políticos que no la necesitan y para que, de vez en cuando, el presidente Rivero pase revista a «sus» efectivos imbuido en una falsa mística soberanista.