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Un alcalde de ERC plantea autorizar un campo de cannabis para lograr ingresos

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Rasquera debate hoy en pleno si dar una licencia a un club de usuarios a cambio de 30.000 euros anuales

Día 29/02/2012

El pequeño pueblo de Rasquera (Tarragona), con 800 habitantes que viven a duras penas de la ganadería y la cosecha de aceite, ha dado con una controvertida solución para remontar la crisis, que en su caso se traduce en una deuda de 1,3 millones. El equipo de gobierno, integrado por cuatro concejales de ERC y encabezados por el alcalde Bernat Pellisa, estudia conceder una licencia para que el municipio albergue una plantación de marihuana de una asociación barcelonesa de consumidores.

El proyecto surgió hace meses de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), una entidad que agrupa a unos 2.000 socios usuarios de «cannabis de autocultivo para finalidades lúdicas y terapéuticas», como ellos mismos se definen en su web. Su proyecto es establecer un convenio mediante el cual el Ayuntamiento les concedería la licencia para que la asociación alquilara a unos particulares unos terrenos para instalar la plantación. Los detalles de la iniciativa se explicarán esta tarde en un pleno municipal que ya ha levantado muchas expectativas. «Es un modelo y una oportunidad, no una frivolidad», declaró ayer a Efe el alcalde, quien sostuvo, sin dar cifras, que la iniciativa aportará ingresos regulares a las maltrechas arcas del municipio.

Baile de cifras

Según informaron a esta agencia los despachos de abogados que han elaborado un estudio jurídico sobre el proyecto —DMT Advocats y Millor Dret Advocats—, ABCDA pagará 36.000 euros al Consistorio por la firma del convenio y abonará otros 550.000 anuales por el alquiler de los terrenos, que en un principio serán de titularidad privada, y para sufragar todos los gastos legales y de seguridad que comportará el proyecto.

Otras fuentes señalan que el Consistorio percibiría unos 30.000 euros anuales, además de los beneficios indirectos en puestos de trabajo para vecinos que serían empleados en tareas agrícolas para la plantación.

Ayer al mediodía se celebró en el pueblo una reunión entre el equipo de gobierno, la oposición (tres concejales de CiU) un abogado de la ABCDA y letrados de los bufetes que han hecho el estudio jurídico. «No podemos concretar, mañana lo explicaremos», contestó a ABC Dolors Subirats, concejal de Dinamización Económica. «No pensamos cometer ninguna ilegalidad», había afirmado el alcalde, aunque en esta iniciativa la cuestión jurídica es espinosa por la controversia que generan los clubes de fumadores de cannabis, de los que hay unos 150 en España. Algunos gobiernos, como el del País Vasco, ya han anunciado su intención de regular los consumos «responsables».

Estas asociaciones estipulan en sus estatutos, que deben suscribir sus socios, que no tienen ánimo de lucro y que el cannabis es sólo para consumo de sus miembros —no se vende— y así se creen amparados por la ley, que no castiga el autoconsumo. Con todo, los roces con la justicia son constantes. Sin ir más lejos, en enero del año pasado los Mossos detuvieron al presidente y otros tres responsables de la citada ABCDA acusados de un delito contra la salud pública por utilizar su local social para vender marihuana.

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