El colegio Santa Illa salva los muebles

MADRID

El colegio Santa Illa logró ayer recuperar su mobiliario, después de que el jueves todos los bienes de este centro privado de Chamartín fueran embargados bajo la atónita mirada de sus alumnos y de sus profesores. Los pupitres, las sillas, el potro del gimnasio, las pizarras, la fotocopiadora e, incluso, las tizas o la camilla del botiquín fueron restituidos en furgonetas desde los almacenes de Coslada donde hicieron noche. Eso sí, esta vez sin que los niños fueran testigos.

El colegio —que debe a la seguridad social 992.000 euros por impago de los seguros sociales de sus trabajadores desde 1991— tiene matriculados a 167 alumnos que podrán ir de nuevo a sus clases el lunes. A primera hora de la mañana los operarios volvieron para llevarse el resto de bienes, incluida la cocina. Sin embargo, los funcionarios encargados recibieron una contraorden inesperada de sus superiores: todo debía estar de vuelta en el colegio antes de las dos de la tarde.

Así fue y a las 11.56 horas llegaba el primero de los tres camiones cargados con todo el material escolar. El director técnico del colegio privado, Manuel Díaz, se acercó hasta la entrada para atender a los operarios que fueron depositando los muebles en el patio. Será a lo largo de este fin de semana cuando colocarán cada cosa en su sitio. «Estamos muy contentos de volver a la normalidad», celebró el director. Un improvisado cartel con rotulador comunicaba que las clases se reanudarán el próximo lunes.

La decisión fue tomada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) —según un comunicado—«en atención al interés de los alumnos y una vez comprobadas las garantías de seguridad y solvencia». El dueño del centro privado había sido advertido el pasado 31 de enero a través de un auto judicial del posible embargo, según informó in situ Andrés Ruiz, el funcionario responsable de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social.

El embargo se mantiene

El inspector explicó que se han enviado varios requerimientos desde entonces y que se informó al dueño del colegio que, aunque presentase un recurso, éste no lo paralizaría. «La retirada de los bienes ha sido consecuencia de estos hechos», explicó. También dijo que la devolución de los bienes en 24 horas «ha sido un medida excepcional que no suele llevarse a cabo con otro tipo de empresas y que ha surgido por la alarma social que ha causado la noticia». El centro se convirtió así en el depositario de sus propios bienes embargados. «Esto no significa que se haya dado marcha atrás en el embargo», explicaron en la misma nota.

Del mismo modo la TGSS aseguró que se ha llegado a esta situación porque el propietario rechazó «sistemáticamente todas las soluciones que se le daba para afrontar su deuda, como el pago fraccionado de la misma». Iñaki Santa, propietario del colegio, recibió el aviso del embargo definitivo mediante un fax a las 15 horas del miércoles, pero no informó a los padres ni a sus trabajadores.

«No se lo dije a los padres porque no tenía manera de contactar ni con la ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) ni con la Consejería ni con sus abogados. Después de muchas llamadas y apurando, conseguí averiguar qué es lo que pasaba pero eran ya las 19 horas y no se podía llamar a las familias», explicó Santa. En su opinión, «no se puede decir a los padres a las seis de la tarde que no traigan a los hijos, porque tienen su vida organizada». El dueño quiso matizar que ahora lo más importante es concluir el curso y que no se vuelvan a repetir escenas “salvajes” como las vividas el jueves», concluyó.

Unos hechos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha tachado de «lamentables» y que sin embargo han sido justificados por Tomás Gómez, secretario general del PSM como «parte de los riesgos que se corren al privatizar los derechos de los ciudadanos». Aguirre dijo estar «muy contenta de que tanto la señora ministra como la secretaria de Estado Engracia Hidalgo hayan dado orden de cortar los embargos hasta el final del curso».

«Actuación inaceptable»

FSIE Madrid, el sindicato mayoritario que representa a los trabajadores de los centros de enseñanza privada y concertada de la Comunidad de Madrid, ha tachado de «inaceptable» la ejecución del embargo. Además han criticado la «falta de consideración y sensibilidad» de los organismos y autoridades implicadas.

En la misma línea, algunos padres continuaban ayer enfadados. Otros se sintieron defraudados también por las escasas explicaciones del propietario del centro. «La dirección tendrá que explicarnos muchas cosas», dijo Charo Pérez, madre de otra alumna. «Para que mi hija vuelva el año que viene tendrán que presentarme un informe de viabilidad económica convincente», concluyó.