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La integración de las dos entidades lleva en punto muerto desde el pasado septiembre
El «plan Guindos» exige más fusiones. Y quizá obligue a repensar otras. Por ejemplo, la de Unicaja y Caja España-Duero, en punto muerto desde hace seis meses. Ambas entidades han paralizado el proceso a la espera de que el Banco de España emita la circular con los detalles técnicos de la reforma bancaria aprobada por el Gobierno y puedan calcular el impacto exacto de la norma en la solvencia del futuro banco conjunto, según informan a este diario fuentes cercanas a la operación.
«Hasta la reforma la fusión era viable, pero introduce unas exigencias que ahora hay que ver cómo impacta en el proyecto», explican esas fuentes, que aseguran que esa revisión se hará para buscar la fórmula con la que sacar adelante la integración de las dos cajas y no para tumbarla.
Unicaja informó hace unas semanas a la CNMV de que necesita 691 millones de euros para cumplir con el saneamiento impuesto por el Ministerio de Economía. Caja España-Duero acumula 525 millones del FROB1 que usó para su creación y aseguró que con su fusión con Unicaja, todavía sin cerrarse, lograría los 463 millones que le exigía el decreto de recapitalización del Ejecutivo socialista. Ahora dice que esa integración le permitirá también cumplir con el «plan Guindos», por el que requiere 1.140 millones.
Fuentes del sector aseguran a ABC que Unicaja, que por su solvencia no tendría problema alguno para afrontar en solitario esas exigencias, podría condicionar ahora esa fusión a que la caja castellanoleonesa se sanee por su cuenta antes de la integración para no asumir esa factura.
Disponen de plazo hasta el próximo 31 de marzo para comunicar al Banco de España sus planes. Miguel Ángel Fernández Ordóñez no está dispuesto a pasar otro mal trago como el de la CAM, que naufragó tras romperse el proyecto de Banco Base. Quizá por eso, y según esas fuentes, el Gobernador presiona ya a los presidentes de Unicaja y Caja España-Duero, Braulio Medel y Evaristo del Canto, para que culminen cuanto antes su fusión, estancada desde el pasado septiembre, cuando se superó el principal escollo de la fusión: el reparto de poder. Unicaja y Caja España-Duero aprobaron que la caja malagueña controlará el 70% de la nueva entidad y la castellanoleonesa el 30% restante. Desde esa fecha solo se ha propuesto un ajuste de plantilla de 1.800 empleados que los sindicatos ya rechazaron. Esas negociaciones siguen estancadas. «Todo va a un ritmo lentísimo», señalan desde uno de los sindicatos.






