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La quiebra de la CAM y la Justicia

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Día 24/02/2012

La quiebra de la CAM, que pasaba por ser la cuarta caja de España antes de la crisis del «ladrillo», y su venta a un precio simbólico al Sabadell —a cambio de asumir unas previsibles pérdidas millonarias en los próximos años, si bien con la garantía de cobertura de un Esquema de Protección de Activos— ha derivado en la exigencia de responsabilidades a quienes debían haber impedido que sucediera lo que terminó pasando. Por el momento, a través de un expediente disciplinario del Banco de España —que discurrirá por la vía administrativa, y administrativas serán las sanciones que se impongan, si se imponen—, y probablemente dentro de unos meses por la vía penal, si prosperan las distintas denuncias que se han presentado contra la cúpula de la entidad. Con todo, los ritmos de la Justicia han querido que el primer juicio relacionado con la bancarrota de la caja alicantina sea el que instó en su día la última directora general de CAM, María Dolores Amorós, por despido improcedente. Amorós y el FROB se verán hoy las caras en los juzgados de lo Social, para dirimir si la exdirectiva tiene derecho a una pensión vitalicia de 370.000 euros que pactó con el expresidente Modesto Crespo, supuestamente a espaldas del consejo de administración. Una práctica, la de actuar a espaldas de los órganos de control, que Amorós también llevó a cabo al no informar a la comisión de control de las exigencias planteadas por el Banco de España para evitar la quiebra, a finales de 2010.

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