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La presión política que los 46 alcaldes de la provincia de Ciudad Real realizaron ayer a la Junta de Comunidades para que pague sus deudas, mediante un encierro en las instalaciones de la Delegación del Gobierno regional en la capital, se diluyó poco antes de las nueve de la noche. El alboroto mediático que produjo su llegada y acampada, con sacos de dormir incluidos en el patio interior de la Delegación, tuvo un corto recorrido de unas diez horas, pese a las amenazas anteriores.
Desde el Gobierno y el Partido Popular la cosa estaba clara: se trata de un movimiento político más que una cuestión de gestión municipal. El caso es que ya por la noche los alcaldes socialistas decidieron abandonar su postura tras lograr concertar una entrevista con un alto cargo del Ejecutivo autonómico para negociar un calendario de pagos.
Sobre este capítulo, el secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, dijo a los alcaldes socialistas que se ha llegado a esta situación por su culpa y les ha acusado de preferir cobrar antes que los dependientes. Así lo aseguró Tirado en una entrevista en Onda Cero, en la que concretó que los que están encerrados eran los que apoyaban el «despilfarro» del expresidente regional José María Barreda y actuaban «de manera manirrota en sus ayuntamientos». «Son cómplices silentes de ello», agregó, así como que «no es el momento de estar en las barricadas, sino de arrimar el hombro y de la unidad de acción».
Provistos de sacos de dormir y algunos enseres que instalaron en el patio central del edificio de la Junta en Ciudad Real, los 46 alcaldes socialistas llegaron sobre las once de la mañana de ayer, dispuestos a encerrarse en ese espacio público para reclaman a la Junta que les pague las deudas. Una estampa que el delegado, Antonio Lucas-Torres, definió ayer como un «circo» del partido socialista, en una concentración que «no es por un tema económico, sino político. Pretenden solucionar los problemas políticos echando balones fuera con otros temas».
Algunos sectores del Partido Popular apuntaron que esta acción puede deberse al próximo Congreso Regional de los socialistas, donde deben elegir a la nueva directiva y donde el PSOE de Ciudad Real teme perder el peso que hasta ahora ha tenido en Castilla-La Mancha. Sin embargo, el secretario del PSOE en Ciudad Real, Nemesio de Lara, afirmó en la tarde de ayer que los motivos son eminentemente económicos, atendiendo a la situación de muchos alcaldes que no estando liberados y que estaban dispuestos a perder las dos jornadas laborales por defender los intereses de las personas que representan. Al mismo tiempo se preguntó si es un «circo» que estos alcaldes abandonen sus familias y quehaceres por esta revindicación».
La propia presidenta del Gobierno regional, María Dolores de Cospedal, puso de manifiesto ayer su reproche de que estos alcaldes «no protestaran nunca antes, cuando el Gobierno de José María Barreda tampoco les pagaba», porque «si fuera así, los alcaldes se habrían quejado cuando su partido gobernaba en la Junta de Comunidades», aseveró.
El encierro
La llegada de esta plataforma de alcaldes socialistas fue sin previo aviso, alrededor de las 11 de la mañana y encabezados por el alcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo. Allí fueron recibidos por el Delegado de la Junta de Comunidades en una reunión que duró cerca de una hora, «a pesar de no tener cita previa», reconoció el propio alcalde de la localidad minera. Durante el encuentro, los alcaldes socialistas les expusieron al Delegado de la Junta los problemas económicos por los que están pasando los municipios de Ciudad Real, en el que la deuda contraída con el Gobierno regional ha llevado en muchos caso a despidos numerosos, como en el Ayuntamiento de Puertollano que se cifran en 96 personas.
Entre los 46 municipios, suman todos una deuda superior a los 50 millones de euros, de la que el Gobierno de Cospedal ha sufragado algo más de 250.000 euros. Hermoso Murillo hablo ayer de «sectarización» al compararlo con los ingresos que han recibido los ayuntamientos populares en los últimos 8 meses, que suma cerca de 5 millones de euros.
Al final, el objetivo de conseguir una reunión para la semana que viene, donde el Gobierno regional pueda establecer un calendario de pagos con los consistorios para poder pagar a proveedores y los servicios básicos de cada municipio, se vio cumplido. A las nueve de la noche los alcaldes abandonaron el edificio de la Junta «satisfechos, pero con cierta tristeza por haber tenido que encerrarnos para provocar el encuentro», aseguró ayer Nemesio de Lara, quien explicó que serían recibidos el próximo martes por el director general de Administración Local.
