El dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y que fue desoído por el Gobierno regional —entonces presidido por el socialista José María Barreda—, para la tramitación y aprobación de la Ley de Empleo Público, reprobaba al Ejecutivo autonómico que «mediante esta fórmula se está consagrando un sistema de pruebas restringidas ..., ya que en la mismas únicamente podrían participar quienes con anterioridad a la convocatoria hubieran superado pruebas de habilitación o reclutamiento previos», con lo que «no cumple los requisitos de objetividad y proporcionalidad con las funciones y tareas que deben desempeñar las personas seleccionadas».
Esa «consagración» de un sistema de pruebas restrictivas por parte del Gobierno Barreda es, según este informe emitido por el Consejo Consultivo el 17 de noviembre de 2010, «contraria al mandato contenido en el artículo 61.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) —de carácter nacional—, lo que, «siguiendo la doctrina constitucional..., se encuentran proscritas» por el citado EBEP.
Como avanzó ABC el pasado martes, Barreda vulneró la Ley para hacer un proyecto de Ley de Empleo Público, como consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que declara nulo de pleno derecho el acuerdo del Consejo de Gobierno que aprobaba dicho anteproyecto y lo remitía a las Cortes, donde llegó un texto con infracciones calificadas de «groseras y escandalosas» por el TSJ.
Pese a ésta y otras muchas alertas emitidas por el Consejo Consultivo en su dictamen (que puede consultarse en la página web de este órgano), la Ley de Empleo Público fue aprobada por las Cortes regionales el 10 de marzo de 2011 con los votos del PSOE y la abstención del PP, que lógicamente desconocía el dictamen del Consultivo ya que no fue tenido en cuenta, como dice la sentencia. En aquella sesión plenaria, tanto UGT como CC.OO aplaudieron la nueva norma, mientras que a las puertas del Parlamento autonómico el sindicato CSI.F protestaba por su aprobación, al considerar que «recorta los derechos de los trabajadores y favorece a los altos cargos con complementos vitalicios», señalaron entonces.
Una nueva Ley
Tras conocerse la sentencia, demoledora con la actuación del anterior Gobierno regional, CSI.F pidió ayer al Gobierno regional, presidido ahora por María Dolores de Cospedal, la «retirada inmediata» de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha . CSI.F, que se opuso en su día, «exige la retirada inmediata de la misma ante las irregularidades detectadas en su procedimiento, que la invalidan completamente», y advierte que podría pasar «lo mismo» con la Ley de Medidas Complementarias al Plan de Ajuste aprobada el pasado martes en las Cortes regionales.
No parece esto muy probable ya que la sentencia emitida por el TSJ anula el acuerdo del Consejo de Gobierno que aprobó el proyecto de ley de Empleo Público por no incluir el dictamen del Consejo Consultivo. Según el fallo, «la nulidad no puede alcanzar en sus efectos a una ley aprobada después en las Cortes». CSI.F pide que «se abra un nuevo proceso negociador con los representantes de los trabajadores». Sobre la ley de Medidas Complementarias, advierte a la Junta del «riesgo que corre por las importantes modificaciones» desde que se presentó a los sindicatos hasta su aprobación en las Cortes, y pide se abra un período de negociación adecuado para consensuar las medidas y asegurar su temporalidad.
