En Vídeo
En imágenes
Día 23/02/2012
VILLAGARCÍA
«La Xunta tiene todo el interés y toda la intención de pagar los avales que permitirían que el grupo El Consorcio pudiera seguir adelante con el proyecto empresarial de Alfageme, pero solo lo podremos hacer cuando se den las circunstancias jurídicas que lo permitan».
En estas dos frases se podría resumir la actual posición de la Xunta sobre la conservera con plantas en Ribadumia y Vilaxoán, que a día de hoy sigue pendiente de dos procesos judiciales que tienen en vilo a 160 trabajadores. Por un lado, si la Audiencia de Pontevedra ratifica su decisión inicial, tras un recurso de los antiguos propietarios de la conservera, la familia Lago, sobre el aval de 33 millones que la Xunta de Touriño concedió en 2008 a la compañía y que es imprescindible para que Banco Popular y Novagalicia Banco recuperen su inversión. Y por el otro, la posibilidad de que el administrador concursal de la conservera (el gestor de la empresa tras lo que antes se denominaba suspensión de pagos) resuelva, antes o después de que finalice el proceso anterior, liquidar y venderlo al mejor postor.
Los escenarios son varios. El bueno, que lo primero que ocurra es que la Audiencia desbloquee la causa de los avales y decida si la Xunta tiene que desembolsar o no los 33 millones, ya consignados en los presupuestos autonómicos de 2012, lo que permitiría la entrada del grupo Consorcio —que ha comunicado al administrador concursal su interés de asumir la empresa y cuenta con el apoyo de la Xunta para salvar los puestos de trabajo y la marca— y la inyección en el proyecto de otros nueve millones a través del Igape (la asesoría jurídica de la Xunta dictamina que la administración no puede consignar estos avales hasta que exista una resolución judicial definitiva, ni comprometerse a adelantarlos).
Otro escenario, menos malo, es que, si antes del fallo de la Audiencia Provincial se ordena la liquidación, el grupo Consorcio siguiese manteniendo su apuesta y se hiciese con los activos de Alfageme. Pero esta hipótesis es mucho más complicada, ya que sobre la firma seguiría pendiente la sombra y las dudas sobre los avales. En esa tesitura, el conselleiro de Economía se reunió ayer con los tres sindicatos con representación en la conservera para mostrarles la disposición de la Xunta a pagar los avales si así lo ordena el juez y negociar con las empresas implicadas, los bancos y los representantes de los trabajadores. Por su parte, los sindicatos exigen «más peso político» al Gobierno (CIG) y la implicación de Feijóo para que negocie con los bancos (CC.OO). La central CGT pide además al actual administrador que dilate en lo posible, dentro de la ley, los plazos.
