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Cataluña / PLEITO MILLONARIO

Desestimada la demanda de Martín por Fadesa

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Día 23/02/2012

El empresario de la construcción Fernando Martín y sus colaboradores «conocían o debían conocer» la situación de la constructora Fadesa cuando en el año 2006 Martinsa la compró por 4.045 millones a su propietario y fundador, Manuel Jove. Así lo estima el fallo emitido ayer por el magistrado Pablo González-Carreró, del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de La Coruña, que absuelve a Jove y su entonces consejero delegado, Antonio de la Morena, de los supuestos delitos de ocultación de datos y sobrevaloración de activos por los que Martín denunció a los gestores de Fadesa.

La sentencia, que Martín podrá recurrir ante la Audiencia Provincial, desestima íntegramente la petición del constructor vallisoletano, que reclamaba a Jove (la tercera fortuna gallega) una indemnización récord de 1.576 millones. El motivo, la supuesta ocultación de los antiguos propietarios, que el fallo ahora niega, de la situación real de Fadesa, que poco después de la absorción por Martinsa, en julio de 2008, presentaba el mayor concurso de acreedores de la historia de España (pasivo de 7.000 millones).

El juez entiende que «lo que Martinsa y Huson Big la empresa de Antonio Martín, que adquirió Fadesa junto a Martinsa en la OPA adquirieron fueron las acciones de Fadesa Inmobiliaria, no sus activos a precio bruto razonable de mercado».

Además, rechaza que pesase sobre la operación y futura quiebra de Martinsa-Fadesa el supuesto falseamiento de los datos de la inmobiliaria, como denunció Martín, durante la valoración independiente de activos realizada por la consultora externa Richard Ellis. La realización del informe sobre el valor de Fadesa tuvo lugar después de que se conociese la voluntad, «ya conformada previamente, de adquirir las acciones de Fadesa en el marco de una OPA», por lo que, «no tuvo ni pudo tener influencia». El magistrado interpreta que en toda la sucesión de decisiones que dieron lugar a la compra «no hay, en fin, prueba alguna que apunte a una situación antijurídica por parte de los administradores», y descarta el nexo entre la operación y «el daño patrimonial que experimentó Martinsa».

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