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Los empleados públicos de la Administración de Castilla y León volverán a la jornada laboral de 35 horas semanales cuando la economía de la Comunidad Autónoma crezca por encima del 2 por ciento, según aseguró ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. La Junta de Castilla y León habría atendido así a la propuesta formulada por CC.OO. y CSIF para que las 37,5 horas de incremento de la jornada laboral, cuya aprobación se producirá el próximo martes cuando las Cortes ratifiquen el proyecto de ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, sea una medida excepcional por la situación económica, según destacó Del Olmo. Este anuncio provocó el profundo malestar del sindicato UGT, que acusó al Gobierno regional y a Comisiones Obreras de «desleales» al tiempo que consideró que la «desconfianza» se ha instalado en el fluido diálogo social que existía entre los sindicatos y la administración. También lamentaron que la Junta se «postule» a favor de CC.OO. justo un día antes de las elecciones sindicales entre empleados públicos que se celebra hoy, al tiempo que se preguntaron «qué consigue a cambio» el sindicato dirigido por Ángel Hernández. En este sentido, también CSIF —pese a pedir esta medida— criticó que el Gobierno regional hiciera pública esta medida justo un día antes de la cita con las urnas y le acusó de «incumplir la Ley Electoral».
La propuesta irá a la Mesa de la Función Pública, convocada para mañana, donde se determinará el momento en que se volvería a las 35 horas en función del crecimiento. «Es un beneficio para los empleados públicos», defendió la consejera sobre la propuesta aceptada por la Junta en el marco de la negociación abierta.
La consejera afirmó que siempre han mantenido el contacto con todos los sindicatos, también con UGT, que consideró que se ha descolgado de esa propuesta y cuya posición se verá mañana. En este sentido, añadió que están dispuestos a negociar «hasta el último momento». Del Olmo consideró que algunas de las propuestas presentadas por los sindicatos son constructivas y otras no y concluyó que se han tomado en cuenta las primeras, informa Ical. En este punto, la patronal Cecale, que prefirió no pronunciarse sobre la disputa sindical, sí quiso dejar claro que desde que se conocieran las medidas de ahorro de la Junta no dejado de «proponer ideas».
Prieto, en Valladolid
Antes de que la consejera diera estas explicaciones, los representantes de los empleados públicos de UGT ya habían mostrado su enfado y recordaron a la Junta que «los acuerdos se firman en las mesas de negociación». Por ello, denunció que esta anuncio «sólo está hecho para arañar mañana un puñado de votos» en las elecciones sindicales y criticaron «la toma de partido» del Ejecutivo Autonómico por un sindicato —en referencia a CC.OO.—En cualquier caso, criticó con dureza la actitud tanto de sus «colegas» como de la Junta, aunque reconocieron que «decir que el Diálogo Social se rompe es mucho decir».
Mientras, ya por la tarde, la Comisión Ejecutiva de UGT en Castilla y León lamentó profundamente la «intromisión» de la Junta en las elecciones sindicales de la administración autonómica y la acusó de «ningunear» al resto de la representación sindical, aunque aseguró que mantendrán «una actitud constructiva en la Mesa del Diálogo Social». Al respecto, recordó que la Junta fijó el martes la reunión del Consejo en el que se sientan además Cecale y Comisiones Obreras para hoy «con tan solo 12 horas de antelación», lo que imposibilitó —para disgusto de la Junta— la presencia del sindicato debido a problemas de agenda al encontrarse su líder, Agustín Prieto, en Madrid, aunque ayer por la mañana ya estaba trabajando en su despacho.
En relación a este malestar, el secretario de Comunidad de CC.OO., Juan José García, asumió que les genera «incomodidad» y admitió que esta situación «puede enturbiar y enrarecer las cosas» en el proceso sindical.
