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Las 10.564 almas de la Cañada

La Comunidad elabora el primer censo de la zona, con unos 30.000 habitantes menos de lo previsto

Las 10.564 almas de la Cañada

M. J. ÁLVAREZ

La Comunidad de Madrid presentó ayer una radiografía de la Cañada Real Galiana y una hoja de ruta de lo que se va a hacer a partir de ahora, una vez que se aprobó hace casi un año la ley 2/2011 que desafectó los terrenos de la vía pecuaria. Ello significa que el suelo de los 14,2 kilómetros comprendido entre los municipios de Madrid , Coslada y Rivas-Vaciamadrid , queda liberado y deja de ser un bien de dominio público para convertirse en un bien patrimonial de la Comunidad.

Con ello, se abrió el camino para solucionar la compleja situación del asentamiento ilegal, tras más de 40 años de exclusión , marginalidad, problemas de seguridad e infracciones urbanísticas y medioambientales.

La normativa que aprobó el Gobierno regional y que entró en vigor el 30 de marzo pasado, tiene como objetivo buscar el consenso y la participación de todos los implicados: ayuntamientos, vecinos y Delegación del Gobierno, subrayó ayer el consejero de Familia y Asuntos Sociales, Salvador Victoria.

Un 72% menos de población

En ella se establecían dos requisitos básicos: que todos los Ayuntamientos afectados elaboraran en el plazo de seis meses un censo de ocupantes y fincas en cada uno de sus términos municipales para conocer la realidad del asunto a abordar . Una cuestión que hoy mismo les pedirá Victoria.

Con todo, adelantó los datos estimados de un informe de población con datos del IRIS y de las asociaciones de vecinos que cifran entre 9.000 y 11.000 los habitantes del asentamiento, en concreto 10.564, una cifra un 72% inferior a la que se manejaba, que aludía a 40.000. Lo que sí se aproxima más es el número de construcciones: 2.870, de las cuales 229 son industrias y el resto, viviendas.

Los ayuntamientos, además, disponen hasta el 30 de marzo de 2013 para diseñar el planeamiento urbanístico de los terrenos de la Cañada que se divide en seis sectores . Sin obviar otra cuestión esencial, abordar los problemas sociales con los afectados. Así lo explicó ayer el consejero de Familia y Asuntos Sociales.

Todas estas cuestiones se tratarán de forma paralela en dos mesas de participación sectorial, una en la que estarán representados los vecinos —con los que se reúne hoy por primera vez —, y la otra, con las tres administraciones públicas (Ayuntamientos, Delegación del Gobierno y Comunidad) para alcanzar compromisos.

«Lo que queremos es alcanzar un acuerdo marco de contenido social y de ordenación urbanística que siente las bases de las actuaciones, aunando los intereses de todas las partes», subrayó. Su intención es acelerar este proceso para que esté listo a mitad de esta legislatura y poder ejecutarlo después.

De no haber pacto, la Comunidad podría disponer libremente del suelo, enajenarlo, cederlo a los ayuntamientos o a terceros, preferentemente a vecinos.

Entre las posibles soluciones planteadas en caso de acuerdo, Victoria explicó que la voluntad de la Comunidad es la de legalizar el suelo de los propietarios que lo ocupan de forma ilegal, siempre y cuando así lo determinen los planes generales de los ayuntamientos y cumplan los requisitos establecidos. En cualquier caso, habría que ver que construcciones se consolidan y cuales no , labor que competería a los ayuntamientos y a los técnicos. Mientras tanto, las chabolas y la infraviviendas no figurarían entre ellas y sus habitantes, en función de cada caso, serían realojados. Y, ni que decir tiene, que los puntos dedicados al tráfico de droga quedarían al margen.

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