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Era una antigua reinvindicación de los residentes en la Cañada Real Galiana, un asentamiento ilegal en el que según las primeras estimaciones del Gobierno regional habitan unas 10.564 personas en viviendas de distinta tipología. Y, hoy, el Consejero de Familia y Asuntos Sociales, Salvador Victoria, ha pedido a los ayuntamientos afectados por el tramo desafectado por la ley 2/2011 que abarca 14,2 kilómetros -Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid-, el cese de todos los derribos.
Y lo hizo, tras mantener el primer encuentro con las cuatro asociaciones vecinales del asentamiento en la mesa sectorial creada al efecto. No obstante, Victoria subrayó que las demoliciones no afectarán ni a las chabolas ni a aquellas construcciones relacionadas con actividades delictivas.
Subrayó que el objetivo de la Comunidad es lograr el consenso entre las administraciones implicadas y los vecinos para sentar las bases que permitan una solución futura para la zona.
Competencia municipal
Con todo, Victoria destacó que una vez que los ayuntamientos faciliten los censos se podrá conocer la realidad humana y las edificaciones, se podrán comenzar a establecer las actuaciones para acometer las medidas que establece la ley. Entre ellas, el acceso a la propiedad del suelo de las viviendas de quienes acrediten que llevan viviendo en el asentamiento varias generaciones.
No obstante, recalcó que el Gobierno regional quiere dejar claro que reconoce la legítima competencia de los ayuntamientos en el ámbito urbanístico. así como en la posible futura legalización de las construcciones.
Por su parte, la representante de las cuatro asociaciones que han acudido al encuentro, Vanesa Valenzuela, ha agradecido el interés del Gobierno regional en alcanzar una solución, a pesar de los desencuentros previos, informa Ep.
Además, ha manifestado su interés en asumir el pago de tasas e impuestos, así como legalizar las conexiones eléctricas y de agua.
