Energías sostenidas, no sostenibles

ES una verdadera lástima que en estas Islas se debata tan poco y tan mal. De no ser así, todo el asunto de la desaparición de las primas a las energías renovables nos colocaría en mejor posición para definir nuestro futuro energético en base a las premisas esenciales que deberían presidir el modelo: solo hay desarrollo con energía abundante, barata y accesible. A partir de ahí, todo o casi todo podría estar en revisión, intentando no distraernos de aquel objetivo por más que mostrásemos particulares preferencias por unas energías frente a las otras. Bastó que el Ministerio de Industria anunciase sus intenciones para mitigar el déficit tarifario (24 mil millones de euros, cuatro veces más de lo que aspira a recaudar el Gobierno con la reciente subida del IRPF) para que en las Islas se movilizarán los fundamentalistas de siempre, que en el caso de Antonio Morales —alcalde de Agüimes— tiene un pase por su oposición sistemática a la energía de procedencia fósil, pero que no es de aplicación al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, de quien se espera siempre que esté a la altura de las circunstancias. Error también el cometido por el ministro Soria, quien a la vista de las reacciones en el Archipiélago considera posibles excepciones para Canarias, como siempre.

Admitamos que producir energía en las Islas es más barato si las fuentes son renovables que cuando no lo son, que incluso son competitivas en precios, argumento este último bastante cuestionable puesto que está tan intervenido y lleno de política nuestro recibo que es difícil establecer costes unitarios de los kilovatios que consumimos en casa (de hecho, casi el 50% de lo que abonamos cada mes está dirigido a pagar impuestos, primas, subvenciones y una parte del déficit tarifario que, por otro lado, sigue incrementándose porque no pagamos el total de los costes de producción, distribución y transporte de lo que consumimos). Con todo lo anterior, se pasan por alto los aspectos esenciales de la discusión, a saber, que no se eliminan las ayudas a las ya establecidas, pues están comprometidas subvenciones para los próximos 30 años, y que la norma no niega que puedan establecerse cuantos empresarios consideren que existe negocio puro en la explotación de un recurso tan valioso, pero sí suprime las primas. Rivero apuesta por aumentar las ayudas pero no se toma la molestia de explicar por qué habría de hacerse si las renovables son tan eficientes y competitivas, salvo por el pequeño detalle —casi sin importancia— de que son muchos los empresarios (?) que han entrado en este negocio no por su fe en la necesidad de reducir las emisiones de CO2, sino fieles a su propia trayectoria, buscando las montañas de dinero público que han tenido a su disposición. Y por último, si tan cruciales resultan para la generación de empleo estas instalaciones de energías renovables, ¿por qué nunca he tenido la suerte de ver a nadie trabajando en sus inmediaciones?