Los sindicatos de la Policía Canaria piden la suspensión cautelar de San Martín

ABC

Efectivos de la Policía Canaria, en formación

El Sindicato de Comisiones de Bases de Canarias (Co.Bas) y Comisiones Obreras (CC.OO.) pidieron ayer la suspensión cautelar del jefe provincial de la Policía Canaria en Las Palmas, Luis Felipe San Martín Fernández-Marcote, y de José Luis Contel Gil, agente del cuerpo, tras conocerse que ambos se vieron envueltos en un escándalo de violencia de género y que usaron uno de los coches oficiales para su uso particular. El suceso, del que ABC informó el pasado domingo, llevó ayer a las dos secciones sindicales de la policía autonómica con representación en la base de Gran Canaria a «condenar de forma unánime» los hechos.

A través de un «comunicado de condena», Co.Bas y CC.OO. no solo solicitaron la suspensión cautelar de San Martín y Contel Gil —por quienes aseguran no sentirse representados—, sino que exigieron además al Gobierno de Canarias que se depuren responsabilidades «de forma inmediata». Cabe recordar que los dos agentes utilizaron uno de los coches oficiales del cuerpo para recoger a un amigo del jefe provincial en el aeropuerto y trasladarlo después a una guardería, donde iba a recoger a su hija. Las advertencias previas de la madre de la menor —que mantiene problemas con su expareja, a la postre el amigo de San Martín— derivaron en la actuación de la Guardia Civil, lo que les valió a ambos la imputación por un presunto delito de coacciones en el ámbito familiar en calidad de autores necesarios.

Aunque tras un procedimiento abreviado que tuvo lugar en Telde todo quedó en una falta y se archivó el caso, los sindicatos aclararon ayer que, al margen de lo judicial, el comportamiento de los agentes —se negaron a identificarse— está tipificado «en varios puntos del régimen disciplinario del Cuerpo General de la Policía Canaria y de los Funcionarios Públicos». No en vano, la representación sindical apoyó a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en su consideración de que el uso particular del vehículo oficial constituye un caso de malversación.

«Existen hechos que podrían ser constitutivos de delitos de malversación y cohecho por el uso de recursos del Gobierno de Canarias para fines propios», exponen los sindicatos, que piden, en consecuencia, que «se remitan dichas actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si existen o no ilícitos penales». El Ejecutivo aún no se ha manifestado.