En Vídeo
En imágenes
Los presupuestos del 2012 contemplan un reconocimiento de crédito de partidas que se le atribuyen al ex teniente de alcalde, con nombre y apellidos
Día 20/02/2012
S e confirma lo que hasta ahora era un secreto a voces. El borrador presupuestario del Ayuntamiento de Vigo, elaborado por el equipo de Abel Caballero, deja en evidencia al que hasta hace unos meses era su socio en el Consistorio. Con nombres y apellidos, el documento contable revela entre sus partidas de 2012 dos reconocimientos de crédito que se atribuyen directamente al portavoz municipal del BNG, Santiago Domínguez. Facturas que, correspondientes a su último año como teniente de alcalde, están pendientes de pago.
«Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. Abogados Borrás Defensa de Santiago Domínguez: 12.390 euros» —página 182 del documento presupuestario en su capítulo de gastos consolidados—, y que se corresponde con los letrados que asistieron al edil nacionalista en el caso de las pintadas. «Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. Indetec, Trabajos de Investigación: 27.000» —página 183—, empresa de detectives privados que se encargó de hacer el seguimiento del autor de las pintadas. En total, 39.390 euros; más de 6 millones de las antiguas pesetas.
Estos datos, a los que ha tenido acceso ABC, demuestran que el Ayuntamiento sufragó al menos parte de los gastos de la investigación y la asistencia jurídica de Domínguez que, según fuentes cercanas al proceso, podrían ascender a más de 200.0000 euros. Que haya trascendido, es la primera vez que un miembro de una corporación local en Galicia factura con cargo a las arcas públicas trabajos privados, extremo que muchos de los consultados por este diario califican de «escandaloso», máxime cuando el seguimiento habría sido perfectamente asumible por la Policía Local.
Con Alfonso Pillado, ex miembro de UGT que llegó a militar en las filas socialistas, como protagonista la historia se remonta a la época en la que Carlos Príncipe era teniente de alcalde, a finales de los años 90, y objeto de similar acoso por parte del histórico sindicalista. También, Lucía Molares —en su época de concejala de Deportes (2003-2007)— tuvo problemas, al igual que el actual portavoz municipal del PP, José Manuel Figueroa. Todos ellos, sin excepción se hicieron cargo a nivel personal de su defensa.
Años de «calvario»
Si bien es cierto, Pillado se ensañó especialmente con Santiago Domínguez; orden de alejamiento incluida. Un pulso que escondía como trasfondo el interés del que había sido empleado de las piscinas municipales, en concreto en la del Carmen, para que el edil —que coincide había sido concejal de deportes entre 1999 y 2003— forzase su reingreso. La concesionaria lo había despedido meses atrás por su hostilidad como delegado sindical.
La negativa del representante nacionalista a ceder ante sus presiones derivaría poco tiempo después en una campaña de acoso y derribo contra el dirigente municipal, con pintadas por toda la ciudad en las que se le calificaba de «corrupto», «ladrón», «chorizo», «cacique» e, incluso, «borracho». Se le llegaron a atribuir 1.300 pintadas en muros y paredes entre 2008 y 2009. Agentes de la Policía Local aseguraron, durante el juicio posterior, que habían sorprendido al ex sindicalista en varias ocasiones in fragantiy la Científica halló huellas de Pillado en algunos de los pasquines.
Domínguez, «cansado» de enfrentarse a los insultos y viendo cómo estaba afectando la situación a su familia, decide emprender acciones legales contra el que siempre responsabilizó de su particular «calvario». A partir de entonces, hasta cuatro detectives —de la empresa Indetec, sobre la que se consigna ahora el reconocimiento de deuda— siguieron durante meses al presunto autor de las pintadas, llegando a acumular más de 1.000 folios en informes que se completaron con videos y fotografías.
Durante el juicio, en el que además de Pillado se imputó a su mujer y dos hermanos de éste, la acusación particular; Abogados Borrás, al que se le adeuda según el documento presupuestario y con cargo a las arcas municipales, un monto de 12.390 euros, reclamaba 250.000 euros por el daño moral y entre 2 y 5 años de cárcel para el acusado.
Visto para sentencia, el 14 de abril de 2011, la juez de la sala de lo penal número 1 de Vigo, condenaba a los cuatro acusados a pagar, por un «delito continuado de injurias graves con publicidad», multas por valor de 15.600 euros y una indemnización de 30.000 euros al ex teniente de alcalde.
