Cepsa y el gobierno de Canarias ante el fiscal

«Vanadio, níquel, cadmio, mercurio, criseno, plomo, benzofluoranteno», son algunos de los metales pesados que una vieja y obsoleta refinería de petróleo, situada en el centro de Santa Cruz de Tenerife, vierte diariamente, y ya durante muchos lustros, sobre cerca de 350.000 vecinos de esta ciudad. Algo insólito e incomprensible dado los graves daños que estos elementos químicos causan a la salud de las personas y la naturaleza.

Nadie discute ya que el origen es la refinería. Tales metales pesados se fusionan además con partículas, achacables igualmente a la refinería, multiplicando sus efectos nocivos. Pueden causar asmas, problemas cardiovasculares, cáncer, etc.. La voz de alarma real se produce en Mayo del 2009 por el grupo de investigación en ecotoxicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Un estudio incontestable e incuestionable por la reputación y prestigio internacional de dicha Universidad en materia de biomonitorización ambiental. El informe era terminante en sus conclusiones al calificar de “grave” la contaminación de la refinería en Santa Cruz, y recomendaba ya en aquellas fechas, “iniciar actuaciones relacionadas con la salud pública (estudios epidemiológicos), para descartar la existencia de daños a la población derivados de la contaminación del aire por los metales pesados estudiados.”

Y aquí habría ya que preguntarse ¿Qué han hecho, y qué medidas han tomado tanto Cepsa como el Gobierno de Canarias durante estos tres últimos años ante el alarmante peligro de la refinería para la salud de los vecinos de Santa Cruz?. Sencillamente, ninguna. Nada de nada. Todo lo contrario, conocido el demoledor informe de la Universidad gallega, permitió y autorizó el Gobierno canario “ mas emisiones aún de contaminantes a Cepsa, modificando al alza la Autorización Ambiental Integrada (AAI)” Una actitud realmente “estremecedora” ante la gravedad de los hechos y circunstancias. Y una manifiesta complicidad activa y omisiva, claramente imprudente e irresponsable, del Gobierno en un tema tan preocupante.

Por dos veces, en Junio y Octubre de 2009, y otras muchas con posterioridad, el grupo político de “Ciudadanos de Santa Cruz”, presentó al pleno de la corporación municipal sendas mociones, aprobadas por unanimidad, en las que se solicitaban, entre otras medidas, “que la Consejería de Sanidad del gobierno canario llevase a cabo inmediatamente la realización de un estudio epidemiológico entre la población afectada mas directamente en Santa Cruz por los contaminantes vertidos por la refinería, y concretamente en los populosos barrios circundantes de Chamberí, Somosierra, etc. Pero este Gobierno que tenemos por aquí, no solo no ha verificado tales pruebas sino que se ha negado rotundamente a ello durante estos tres últimos años. ¿Quién defiende a todos los que vivimos en Santa Cruz?, nos preguntamos. ¿Hay acaso algún bien mas preciado que la salud? ¿Puede defenderse antes el poder económico de Cepsa o de una concreta petroquímica?. De tales acciones u omisiones nace precisamente su responsabilidad politica y penal.

Hay que desmantelar la refinería del centro de la ciudad lo antes posible. Peligra nuestra salud. Trasladarla o desaparecerla para siempre. Estaba previsto en la revisión del Plan General de Ordenación su próxima demolición, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz, inauditamente, ha dado marcha atrás. El propio presidente de Cepsa reconoció el pasado año que la “rentabilidad de la refinería tinerfeña no es buena y no tiene mucha conversión”. La situación accionarial de la firma petrolera española cambiará pronto y pasará a manos de Abu Dabi. Lo que nos faltaba.

El pasado día nueve “Ciudadanos de Santa Cruz”, agotadas todas las vías políticas y administrativas con Cepsa y el Gobierno de Canarias, presentó una denuncia, reiteradamente anunciada, contra ambos ante la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, y ello por la presunta comisión de un delito continuado previsto y penado en el Artículo 325-1 del Código Penal. En dicho tipo penal se castigan con penas de prisión de hasta cinco años a quienes, entre otros supuestos, “y con grave perjuicio para la salud de las personas, viertan o emitan a la atmósfera sustancias que incidan gravemente en el espacio natural...” . Se solicita además que la Fiscalía ordene la instalación de Estaciones de Medición Propias para contrastar los informes facilitados por la administración.

Ya solo resta dejar que la justicia actúe con toda contundencia. Y también que nuestro nuevo Ministro de Industria, Jose Manuel Soria, como determina la Ley, ordene cuanto antes el traslado o cierre de esta vieja y dañina refinería.