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La burocracia comunitaria ha esparcido nuevas sombras de dudas sobre la credibilidad de la contabilidad nacional en un momento crítico para la confianza de España en los mercados internacionales. Después de aprobadas las reformas de primera generación, lo último que podía esperar el Gobierno era que desde los mentideros de la Comisión Europea se echase un jarro de agua fría sobre la calidad de las cuentas públicas y el esfuerzo fiscal promovido por el Ministerio de Hacienda.
Convenientemente aleccionado desde Madrid, el responsable europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, se encargó rápidamente de poner sordina a las sospechas pero muy en su papel aprovechó la ocasión para alertar sobre la ingente tarea presupuestaria que le aguarda a España. El toma y daca ha servido para disparar alarmas innecesarias en un momento de especial sensibilidad, cuando Grecia no termina de responder a las exigencias de la Unión Europea y el fantasma de una quiebra se cierne sobre la eurozona.
Los vigías de Occidente tienen una especial predilección por nuestro país que se traduce en un nivel de suspicacia exagerada cada vez que los funcionarios de Bruselas pisan suelo español. Por si fuera poco, el comisario socialista Joaquín Almunia mantiene un elocuente silencio que deja en mal lugar al Gobierno del Partido Popular y no hace sino aumentar recíprocamente las susceptibilidades.
El desenlace del lamentable episodio no es otro que Cristóbal Montoro se ha quedado sólo ante el peligro y va a tener que hacer horas extras para acelerar la formulación del presupuesto si es que Rajoy quiere convencer a Ángela Merkel sobre la conveniencia de relajar los objetivos de déficit público, estimados este ejercicio en el 4,4% del PIB. Es cierto que el ajuste del cuadro macroeconómico va a suponer un revés generalizado de todas las expectativas de crecimiento en Europa y que ni siquiera la canciller se va a librar de recortar sus previsiones anuales. Pero el mal de muchos no puede servir de consuelo porque el Gobierno español está condenado a demostrar permanentemente su diligencia con los requerimientos de Bruselas como condición indispensable para mantener la capacidad de persuasión ante Alemania.
Bajo el argumento de una recesión sobrevenida y generalizada, el objetivo de los responsables económicos consiste ahora en situar el listón del déficit público lo más cercano posible al 6% en 2012. El Gobierno ampara su petición de clemencia en la voluntad inequívoca demostrada a la hora de hacer los deberes que reclama Bruselas. De ahí la prisa con que han trabajado los distintos ministros en la presentación formal de sus respectivas reformas. Pero España no puede arriesgarse a que una mala carta desbarate toda la jugada y no parece razonable estirar ahora el calendario presupuestario hasta después de celebradas las elecciones en Andalucía. Si Rajoy lo que pretende es retrasar un año el plan de consolidación fiscal, Montoro deberá darse prisa y adelantar al menos en unas semanas la presentación del ajuste presupuestario. Ganar tiempo es también ganar confianza.
