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Safja denuncia a cargos de la Junta por transferir a externos la gestión de residencias

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Los acusan de intentar que una de sus agencias controle facturas anuales de hasta 45 millones

Día 15/02/2012 - 09.35h

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado una denuncia contra varios cargos de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, desobediencia a la autoridad judicial e infidelidad en la custodia de documentos.

Según el Safja, dichos responsables —entre los que figura la delegada provincial, Silvia Cañero— habrían ordenado el traspaso de las funciones que se llevan a cabo en la Sección de Conciertos y Autorizaciones de la citada Delegación —que gestiona anualmente una cantidad cercana a los 45 millones euros— a la Assda, una de las agencias con las que la Administración autonómica persigue la polémica reordenación del sector público, conocida como la «ley del enchufismo».

Según el Safja, el pretendido traspaso de funciones es «más que sorprendente» si se tienen en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendió el 15 de noviembre de 2011 el protocolo de integración de personal de las extintas Fundación Andaluza de Servicios Sociales y Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social en la Assda. Sin embargo, dicho personal sigue realizando sus funciones «sin cortapisa alguna», apunta el Safja.

Primeras órdenes

Según recoge la demanda presentada la semana pasada, los hechos se remontan a finales de 2011, cuando desde la Assda se comunica a los funcionarios y personal laboral de la Sección de Conciertos y Autorizaciones de Bienestar Social que sus funciones van a ser desarrolladas desde enero de 2012 por personal de dicha agencia. Entre sus tareas figuran la formalización de contratos o conciertos con las residencias de mayores, el control económico de los gastos residenciales y la formalización de los pagos anticipados.

Ante dicha petición, los empleados de la citada sección solicitan que la orden les sea cursada por escrito, dada la importancia de la solicitud. Y es que las funciones que desarrollan afecta a 95 centros concertados y supone manejar unos 45 millones de euros al año —una cantidad sometida a continua fiscalización mediante los programas informáticos FOG y Júpiter, que, con el traspaso a la agencia pública empresarial, «escaparía de un exhaustivo control contable, económico y financiero», señalan el Safja—.

Además, entre la documentación que pasaría a manejar la Assda figuran datos sensibles de las personas mayores, «cuyo manejo por personal no empleado público podría contravenir la Ley de Protección de Datos».

Como respuesta, desde la delegación de Bienestar Social se comunica por escrito a los trabajadores de la Sección de Conciertos y Autorizaciones la citada orden y, además, les informan de que se va a producir una «modificación» del procedimiento de facturación de los conciertos de mayores y discapacidad, por lo que se les pide expresamente que dicha facturación no se grabe ni en el FOG ni en el Júpiter.

Según el Safja, «resulta palpable que la actuación de los denunciados es intentar que el personal de la Assda siga trabajando, pese a la resolución del TSJA». Y todo ello «forma parte del intento de la Junta de vaciar de competencias a los funcionarios de carrera, consolidar el “enchufismo” en la Administración y sustraer el dinero a los ciudadanos de un exhaustivo control».

En este sentido, el sindicato recordó que «la Assda es una agencia pública empresarial de la misma naturaleza que el antiguo IFA (actual IDEA), a través del cual se ha gestado el mayor escándalo económico ocurrido en Andalucía mediante el conocido fraude de los ERE».

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